La vicepresidenta Cristina Kirchner optó por no conectarse al Zoom en el que este martes los fiscales de la causa “Vialidad” continuaron con sus alegatos contra la exmandataria, en el juicio donde está acusada de liderar una asociación ilícita que redireccionaba la obra pública en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez para luego recibir un retorno del dinero.
El fiscal federal Diego Luciani sostuvo que hubo un “direccionamiento grosero inadmisible” a favor de Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015, al retomar su alegato en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse a la plataforma Zoom por motivos de su agenda laboral.
La fiscalía retomó pasadas las 8.30 el alegato, luego de haber anticipado este lunes, en la primera jornada, que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados.
En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas para exponer, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él “fueron relevantes para la maniobra”.
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“Se buscó reducir el ámbito de control, se organizó toda una estructura de funcionarios absolutamente funcionales al direccionamiento hacia Báez. Los convenios que se firmaron fueron relevantes para la maniobra”, consideró.
La fiscalía está “en condiciones de asegurar que las 51 licitaciones públicas” de obra vial nacional en Santa Cruz “fueron una ficción, se trató de licitaciones aparentes, una puesta en escena para darle aspecto de legalidad a lo que en los hechos fue una contratación directa”.
Los funcionarios del área “omitieron cualquier acción tendiente a impedir el derroche de fondos del Estado. Permitieron que se instalara en Santa Cruz un sistema de corrupción permanente”, agregó Luciani.
Los convenios que se firmaron entre las direcciones de Vialidad nacional y provincial “fueron los instrumentos que permitieron la maniobra del direccionamiento”, según dijo.
“Demuestran una desidia absoluta y una firme intención de que todo se manejara en la estructura provincial que había sido manejada 12 años por Néstor Kirchner, cuando él gobernaba la provincia”, analizó.
A su turno, el otro fiscal que interviene en el juicio, Diego Mola, aseguró que “se evitó cualquier tipo de fiscalización de las licitaciones” y que se manejaban los fondos de manera “arbitraria”.
“Se logró direccionar las licitaciones de una manera burda, ilegal, hacia las empresas” en las que tenía participación Lázaro Báez. “Vamos a ver cómo luego parte de esos fondos ingresó luego al patrimonio de la familia presidencial”, dijo Mola en alusión a prueba que aseguran presentarán en el alegato.
El fiscal aseguró que “todo estaba organizado y pensado y los jefes tuvieron que solamente dar las órdenes para que todo este sistema empezara a funcionar”
Acusados. Se debate si hubo delito en el otorgamiento de obra pública vial nacional en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, como supuesto direccionamiento a su favor, sobreprecios e incumplimientos.
Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.