El Senado suspendió por diez años los desalojos en los barrios tomados

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El Senado sancionó por casi absoluta mayoría la ley que prorroga por diez años la suspensión de desalojos en más de 5.000 barrios de emergencia como parte de un programa de regularización de los títulos de propiedad de los terrenos usurpados, que declara sujetos a expropiación, en los que se han asentado villas y se consolidaron tomas con casi cinco millones de habitantes.

El texto fue aprobado con 64 votos a favor y la solitaria oposición de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que se convirtió en la única legisladora del Pro que se sumó a los cuestionamientos y al rechazo planteado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, cuando el proyecto se aprobó en Diputados.

La ley original había sido sancionada en 2018 con la intención de regularizar la situación dominial de los habitantes que se encontraban viviendo en situación irregular en asentamientos y tomas. Con esta prórroga, se incorporaron 1.100 predios al censo, a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que se había iniciado en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además del registro, la norma declara la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental por un plazo de dos años de los predios alcanzados en el programa. Con esta medida, se busca facilitar la realización de obras de mejoras en los accesos a los servicios públicos y en las condiciones de infraestructura de los barrios.

Estas obras se financiarán con un fondo específico financiado con un porcentaje del impuesto PAIS (compras en dólares en el exterior) y de los recaudado por el gravamen a las grandes fortunas que se sancionó durante la pandemia.

Según explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, Guillermo Snopek (Jujuy), el programa apunta a regularizar la situación de 1,2 millón de familias, más de cinco millones de personas, que viven en barrios de emergencia. “Con esta ley vamos a darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”, sentenció Snopek.

Uno de los ejes centrales del régimen es la registración de los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones ya existentes y censar a sus habitantes con el fin de ordenar la futura declaración de interés público de esos predios para su posterior expropiación, que en su mayoría son tierras fiscales, aunque también hay varias propiedades en manos privadas.

También incorpora una perspectiva de género, al darle a la mujer la prioridad para la titularidad de la vivienda. A pesar del amplio consenso, en el debate no faltaron los dardos políticos. Así, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) se preocupó por destacar que fue en el gobierno de Macri cuando comenzó el proceso de censar a los habitantes de barrios humildes.

“Fue nuestro espacio el que impulsó esta ley ante un problema que durante toda la década ganada no se quiso registrar”, afirmó Taglaferri refiriéndose en forma irónica a los gobiernos kirchneristas. “Cómo se podían diseñar políticas para los sectores pobres si se los negaba”, agregó, luego de recordar que Axel Kicillof había considerado estigmatizante medir la pobreza y que Aníbal Fernández había llegado a afirmar que la Argentina tenía menos pobres que Alemania.

Además de prorrogar la suspensión de desalojos, el texto aprobado por la Cámara baja amplía de 4400 a más de 5500 los barrios de emergencia alcanzados por la legislación.

El programa se financió en los últimos años con parte de lo recaudado por los impuestos a las grandes riquezas y PAIS. Según confiaron las funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social que expusieron en el Senado, Fernanda García Monticeli y Fernanda Miño cuando asistieron a un plenario de comisiones a defender el proyecto que había aprobado la Cámara baja, el fondo fiduciario creado con esos recursos llegó a recaudar unos $80.000 millones. De esa cifra, afirmaron, ya se han ejecutado más de $70.000 millones.

Sobre este punto, Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) planteó sus dudas sobre el futuro del financiamiento teniendo en cuenta que el impuesto a las grandes fortunas se votó para ser percibido por única vez. Además y, a contramano de lo afirmado por las funcionarias de Desarrollo Social, cuestionó la baja ejecución del fondo.

En el cierre del debate, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, le devolvió gentilezas y recordó que tanto el PAIS como el aporte extraordinario sobre la riqueza fueron rechazados y hasta judicializados por Juntos por el Cambio cuando fueron creados por el actual gobierno.

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