Entre disputas partidarias y manotazos de ahogado

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La grieta que recorre la geografía del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio es tan acusada a nivel dirigencial como la que las bancadas, en el Congreso Nacional, tienen el oficialismo y la principal coalición opositora. A medida que transcurre el tiempo y se acercan los comicios quedan al descubierto no sólo las diferencias, sino también las miserias que cruzan en diagonal el universo de eso que Javier Milei ha dado en denominar la casta política. Lo que trasluce el fenómeno apuntado es la dificultad —común a uno y otro colectivo— de ponerse de acuerdo acerca de unos presupuestos mínimos para definir candidaturas y, a la vez, establecer un programa de coincidencias de cara a las elecciones que se substanciarán dentro de un año, como también a los desafíos que enfrentará el próximo gobierno a poco de hacerse cargo del manejo de la cosa pública, en diciembre de 2023. Son tan acusados los enfrentamientos y de tanto calado los desacuerdos que resulta una empresa vana, destinada al fracaso desde el vamos, proclamar delante de la ciudadanía que las diferencias resultan pasajeras y que son propias de la democracia. Pocos —si acaso algunos— se hallan dispuestos a aceptar, con fe digna de un beato, que Mauricio Macri piensa igual que Facundo Manes y Gerardo Morales, o que Cristina Kirchner ha abrazado idénticos ideales que Alberto Fernández y Hugo Moyano. Como a los trapos sucios la clase política ha decidido no lavarlos más de puertas para adentro de sus respectivos partidos, quedan a la vista disidencias tan notorias que hay derecho a pensar si éstos no son los prolegómenos de unas rupturas —más o menos sonoras— que astillarán la ficticia unidad tanto del peronismo como de lo que fue, en tiempos ya pasados, Cambiemos.

En el centro del debate ha reaparecido con singular fuerza el tema de la suspensión de las primarias abiertas, que el camporismo conjuntamente con la mayoría de los gobernadores justicialistas y no pocos intendentes —sobre todo del Gran Buenos Aires— han hecho suyo y convertido —poco menos— en cuestión de vida o muerte, con el consiguiente grado de preocupación que por igual ello provoca en las muchas tribus que pueblan el arco opositor. La conveniencia de abrogarlas que defienden los seguidores de Cristina y los jefes de Estado provinciales arrastra una lógica a prueba de balas: si se las pudieran sacar de encima estarían en condiciones —la Señora, a semejanza de los caudillos del interior— de definir el listado de senadores y diputados, a “piacere”. En la medida que no habría urnas a la vista a los efectos de dirimir supremacías en ninguna fuerza política, la lapicera de los poderosos de turno tendría más peso que el voto popular. Es inútil buscarle una explicación distinta al mencionado afán. E inconsistente apuntar la contradicción de los K de paladar negro que en su momento crearon las PASO y ahora desean hacerlas desaparecer. Cambió el panorama y la relación de fuerzas, de modo tal que lo que hace más de diez años se compaginaba bien con los planes del santacruceño y de su mujer, hoy representa para ellos un peligro considerable. Saben que los comicios presidenciales están perdidos —salvo que acontezca un milagro— pero es materia abierta a debate cual será la dimensión de la derrota que sufrirá el gobierno. Una de las formas de atemperar una verdadera catástrofe consiste, según piensan Cristina Fernández, sus acólitos de La Cámpora y los gobernadores —que no acarician planes similares, aunque en punto a las primarias abiertas coinciden— en eliminar las PASO
y generarle un problema de órdago a sus competidores.

Cuanto habría sido un trámite fácil de acometer entre 2003 y 2015, ahora se ha convertido en el punto de fricción más agudo que corroe a este oficialismo cruzado por enemistades sin vuelta atrás. Así como el propósito de ponerle punto final a las elecciones, que —al menos, en teoría— deberían llevarse a cabo en el próximo agosto, tiene sentido para el camporismo, en el estado mayor de Alberto Fernández las cosas se miran desde ángulo bien distinto. Al titular de la Casa Rosada, a la CGT de los “Gordos” y a los movimientos sociales que orbitan en el entorno presidencial, mantener vigente el proyecto de la reelección les resulta vital. En el caso de jefe del Estado, para transitar los últimos doce meses de gestión sin convertirse definitivamente en el pato rengo de la historia. A los demás, para estar en condiciones de competir por los cargos legislativos sin depender de lo que decida hacer la Señora, que mucha simpatía no les tiene. Bastaría que el presidente se bajase de la carrera o cediese a las inocultables presiones que le han enderezado su
ministro del Interior y los mandatarios provinciales para que su figura —ya deteriorada hasta límites indecibles— terminase deshecha un año antes de entregar el poder. ¿Alguien se imagina al primer magistrado terciando con éxito en la confección de las listas de candidatos o pulseando con su vice para que le permita ser, otra vez, quién figure al tope de la boleta electoral del peronismo, si no hubiese primarias? Para el pobre Fernández —que ha sostenido hasta el cansancio que no es partidario de cambiar las reglas de juego en medio del juego— dar el brazo a torcer lo dejaría con menos autoridad que un cafetero en Balcarce 50.

Si hubiese que dar por buenas las declaraciones de unos siete u ocho diputados del Frente de Todos —pertenecientes al riñón “albertista” algunos, y otros a los movimientos sociales— el proyecto no pasaría la prueba en la Cámara de Diputados. Para modificar las PASO se hace menester conseguir una mayoría especial de 129 votos. Sin el acompañamiento de aquellos disidentes, la tarea luce imposible. Aunque como se trata del peronismo, cuya proverbial capacidad para cambiar de opinión y mostrarse servil siempre ha podido explicarse con arreglo a la disciplina partidaria, el resultado no está definido. A último momento, Alberto Fernández y los diputados piqueteros podrían dejar de lado las convicciones que enarbolaban hasta ayer y sacar a relucir otras, diametralmente opuestas, sin que se les cayese la cara de vergüenza. Una cosa
parece fuera de duda y es que el kirchnerismo, a esta altura, pondrá sobre la mesa todo su poder de fuego a los efectos de marchar directamente a la primera vuelta, sin PASO mediante. En el análisis que han hecho sus principales referentes, las ventajas que tiene pasar por encima de ellas como alambre caído son mayores que las eventuales contras que podría generar su eliminación. Es probable que así sea, aunque, si el camporismo se saliese con la suya, ¿acaso el peronismo no correría el serio riesgo de romperse?

En punto a las disputas de perros y gatos dentro de un mismo espacio político, lo que pasa en Juntos por el Cambio no es muy distinto a cuanto ocurre en el seno del oficialismo. La interna feroz que se ha desatado entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no para de escalar, con la particularidad de que no se circunscribe a los dos principales competidores de esa fuerza opositora sino que ha comenzado a extenderse, sin solución de continuidad, a lo largo y ancho del país. El mendocino Alfredo Cornejo viene de cruzar con virulencia a Gerardo Morales y al porteño Martin Lousteau, mientras que Elisa Carrió ha amenazado con lanzar su propia candidatura. Esto sin contar la amenaza de tono callejero de la Bullrich a Felipe Miguel, el cruce de acusaciones de Macri con el gobernador de Jujuy y tantas otras que son cosa de todos los días en
las tiendas cambiemitas. Al respecto, es imprescindible no quedar enredado en las simplificaciones
analíticas. No hay tal cosa como la UCR o el Pro entendidos como cuerpos orgánicos que responden a una determinada jefatura y cuyos adherentes coinciden en un plexo de ideas, claro y distinto. Existen varios radicalismos y, en menor medida, al menos tres variantes del partido que en su momento creara Mauricio Macri. De modo tal que la idea según la cual el radicalismo va a responder como un solo hombre a Morales o a Manes es un disparate tan grande como considerar que el PRO habrá de alinearse junto a Bullrich o Larreta. Lo más seguro es que los votantes de Juntos por el Cambio elijan a quién seguir, más allá de su pertenencia a uno u otro partido. Dicho esto, es claro que, en el supuesto de que no hubiese PASO, las probabilidades de una ruptura de la alianza opositora crecerían de manera peligrosa.

En el momento que las riñas de campanario copan la escena en los dos frentes de mayor envergadura electoral, la situación económica no cesa de empeorar. Si por algunos meses Sergio Massa logró, con base en el dólar soja, recomponer el nivel de reservas que lo puso a cubierto del desastre que se avecinaba, la inflación sigue sin darle respiro. Al extremo de que —contra sus convicciones más íntimas y las de su equipo— el titular de la cartera de Hacienda acaba de anunciar el congelamiento de los precios de 1500 productos durante los próximos ciento veinte días. Ello evidencia el grado de nerviosismo que ha ganado al team económico. Si lo único que puede imaginar para detener el alza del costo de vida es una medida que entre nosotros siempre ha fallado, resulta evidente que los papeles se le han quemado. Massa y sus muchachos saben que con el aumento de 107 % logrado por el gremio de camioneros —ahora repetido por una docena
de sindicatos más
—, la suba del 13,8 % de la medicina prepaga, y los incrementos de 30% y 40% que se anuncian para noviembre y diciembre en las facturas de energía eléctrica, es bien posible que el índice inflacionario acuse 7 % este mes o el próximo. Las declaraciones del ministro de Economía, secundando la posición sustentada por Cristina Fernández acerca de las prepagas, y la decisión del congelamiento de precios, ¿son fruto de la incompetencia o manotazos de ahogado, o las dos cosas a la vez? Es una pregunta que vale la pena hacerse.

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