En medio de la polémica por las supuestas irregularidades en el plan Potenciar Trabajo y tras una serie de renuncias en el ministerio de Desarrollo Social, su titular, Victoria Tolosa Paz, aseguró que “menos del 0,3% de los destinatarios del programa” incumplieron las condiciones y se les dio de baja.
Luego de una serie de denuncias de la oposición, el fiscal federal Guillermo Marijuán había pedido la suspensión del plan para los 250.000 beneficiarios que, aegún un informe filtrado desde la propia AFIP, compraron dólares o pagan bienes personales, algo incompatible con el programa.
“Hemos instruido la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. Hay 2.098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito de entre 100 y 50.000 dólares acumulados en 26 meses. Representan menos del 0,3% de los destinatarios”, afirmó Tolosa Paz.
“Quiero llevar tranquilidad al otro 99,7% de los titulares del programa. Las y los destinatarios de las políticas sociales son nuestra principal preocupación y los vamos a proteger de cualquier estigmatización. Asumí este ministerio con la convicción de ordenar la implementación de las políticas sociales y trabajar para que los recursos lleguen a quienes realmente necesitan”, señaló la funcionaria.
Además, rechazó “la doble estigmatización a la que nos quieren someter: la de la pobreza y la del Estado ineficiente”.
La ministra también informó que hay “947 titulares que consumieron con tarjeta de crédito un promedio de entre 15 y 100 dólares mensuales en los 26 meses analizados”. “Serán suspendidos de la percepción del programa y puestos en evaluación y análisis por los equipos técnicos del ministerio. Determinaremos si corresponde o no considerarlos destinatarios del Potenciar Trabajo”, agregó.
Tolosa Paz recordó que los beneficiarios del plan están habilitados a tener un vehículo de más de diez años de antigüedad, una moto o un solo inmueble, y sostuvo que el informe que se había filtrado no cruzaba bases de datos, era meramente estadístico, y no nominal, es decir, no se trataba de una lista de nombres de supuestos infractores, a diferencia de los 2.243 casos irregulares que -aseguró- detectó el Ministerio.
“Sometemos esta información a que la Justica pueda llegar hasta las últimas consecuencias para determinar si hay delito”, sostuvo la ministra.
La oposición ya realizó denuncias en la Justicia contra Emilio Pérsico, funcionario de ese ministerio y referente del Movimiento Evita, una de las organizaciones que se encargan de controlar el cumplimiento de los planes. La Coalición Cívica también realizó pedidos de informes en el Congreso.
“Vamos a contestar a cada uno de los requerimientos que haga el parlamento y la Justicia para llevar tranquilidad sobre de qué manera se establece el ingreso, el sostenimiento y la baja en el Potenciar Trabajo. Las incompatibilidades no pasan dentro del ministerio de Desarrollo Social, suceden afuera cuando la persona ya tiene el Potenciar Trabajo y tienen una conducta que no puede estar conviviendo con el programa. No tiene nada que ver con de qué manera ingresan”, argumentó la funcionaria.
También confirmó además que mantuvo conversaciones con Emilio Pérsico: “Comparte el compromiso de que no vamos a permitir que este 0,3% que tuvieron estas actividades (incompatible) conviva con el 99,7%. También quiere que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación de quiénes son”.