EEUU: La democracia sigue a prueba a un año de la insurrección trumpista

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Ni la justicia ni el Congreso han logrado aclarar aún el inédito ataque de seguidores de Donald Trump al Legislativo, pero para expertos y militares, podría volver a ocurrir.

A un año de que partidarios del entonces presidente de EEUU Donald  Trump tomaran por asalto el Capitolio, los estadounidenses siguen esperando que los responsables de ese ataque sin precedentes a la democracia rindan cuentas.

Los videos del 6 de enero de 2021 dan testimonio de la violencia ejercida en nombre del exmandatario: golpes con barras de hierro a policías, un agente aplastado contra el marco de una puerta gritando de dolor, asaltantes vestidos con ropa de combate coreando “Cuelguen a Mike Pence” mientras el vicepresidente huía, una mujer muerta por disparos en los pasillos del Congreso. Y la lista sigue con otros cuatro muertos en las refriegas dentro del Palacio Legislativo y afuera con decenas de heridos.

Los estadounidenses quedaron atónitos por aquel intento desembozado de evitar que el demócrata Joe Biden jurara el cargo tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2020, que sigue generando muchos interrogantes.

¿Fue una manifestación que degeneró en disturbios? ¿O un levantamiento y un intento de golpe de Estado planeado por el propio Trump?

“Ni siquiera durante la Guerra Civil los insurgentes violaron nuestro Capitolio, la ciudadela de nuestra democracia”, afirmó Biden en julio pasado. “No fue disenso. Fue desorden. Provocó una crisis existencial y una prueba para saber si nuestra democracia podría sobrevivir”, agregó.

Al día de hoy son más de 700 los acusados por haber agredido a policías, entrado en el Congreso de manera ilegal y saquear sus instalaciones.

Las investigaciones judiciales han demostrado que Trump y sus aliados hicieron un esfuerzo concertado para evitar que la sesión del Congreso conducida por el vicepresidente Mike Pence certificara ese día a Biden como ganador de las elecciones presidenciales.

La pregunta clave es: ¿existe algún vínculo entre estos dos hechos?

Un comité especial de la Cámara de Representantes lo investiga, pero cuanto más avanza más se complica la pesquisa. ¿Si encontrara pruebas de que Trump, derrotado en las elecciones, incitó al asalto o conspiró para retener ilegalmente el poder, debería arriesgarse a mayores tensiones buscando un procesamiento penal del exjefe de la Casa Blanca, algo sin precedentes en la historia de primera y mayor democracia de Occidente?

Con motivo del primer aniversario del asalto, Trump, quien mantiene cierto control en el Partido Republicano, anunció una rueda de prensa en Florida para hoy durante la cual es probable que repita que le robaron los comicios, su anticipado mantra antes incluso de que se llevaran a cabo. 

Pese a que ninguna prueba lo demuestra, las encuestas advierten que casi dos tercios de los votantes republicanos le creen. Y casi todos los congresistas de ese partido, conscientes del poder político de Trump -y de su capacidad de daño-, parecen secundarlo.

Porque el GOP (Great Old Party) quiere recuperar el poder en las elecciones legislativas de mitad de mandato y en las presidenciales de 2024, a las que Trump podría presentarse de nuevo.

Hechos, no palabras. Se sabe cómo transcurrieron los acontecimientos previos al 6 de enero: meses antes de los comicios, Trump ya decía que las elecciones serían fraudulentas y que no aceptaría una derrota.

Cuando la victoria de Biden era un hecho, Trump se negó a reconocerlo y durante seis semanas, él y sus seguidores intentaron revertir el resultado del recuento de votos en estados clave a golpe de demandas y de presiones sobre los dirigentes locales.

Cuando todos estos intentos fracasaron, se focalizaron en el propio 6 de enero, el día que Pence debía convocar a las dos cámaras del Congreso para certificar la victoria del candidato demócrata.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, tuiteó Trump. “¡Estén presentes, será salvaje!”, completó, al mismo tiempo que aumentaba la presión sobre Pence para que detuviera la certificación de resultados basándose en justificaciones legales cuestionables que hicieron circular sus aliados, su jefe de gabinete Mark Meadows y algunos congresistas republicanos.

Todos estos elementos confluyeron el 6 de enero. La mesa estaba servida.

Mientras el Congreso se preparaba para reunirse, Trump les decía a sus partidarios en un acto frente a la propia Casa Blanca que las elecciones habían sido “fraudulentas” y prometió que nunca cedería. Pence era la clave, dijo. “Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones”.

Trump además les pidió a sus seguidores que fueran al Congreso y “lucharan como demonios”, tras lo cual miles de personas se dirigieron en efecto a la sede del legislativo, entre ellas cientos de miembros de grupos de ultraderecha como los “Proud Boys” y los “Oath Keepers”, muchos de ellos con ropa de combate, cascos y armas.

En un hotel cercano, unos equipo de Trump tenía una “célula de crisis” que supuestamente debía servir de vínculo entre los manifestantes y el Despacho Oval y varios legisladores republicanos.

La toma por asalto de la multitud paralizó el Capitolio y detuvo por unas horas la certificación de los resultados electorales.

Ante el caos, algunos congresistas huyeron. Cinco personas murieron y otras decenas resultaron heridas, y la policía del Legislativo y los refuerzos federales tardaron más de seis horas en recuperar el control del lugar.

Finalmente en la madrugada del 7 de enero Pence certificó los resultados, formalizando la victoria de Biden y pasando al bando de los traidores, para Trump y sus fanáticos.

Algunos pensaron que pronto se pondría en marcha un procedimiento de destitución contra Trump y que, después de la investidura de Biden, el 20 de enero de 2021, el violento suceso quedaría relegado a los anales de la historia.

Pero Trump siguió estando muy presente en la política estadounidense y, a pesar de varias interdicciones, en los medios ultraconservadores, que han seguido atizando el odio. Incluso consolidó su poder dentro del partido, rechazando todas las críticas y prometiendo que volvería al poder.

El comité legislativo, que hasta ahora ha interrogado a casi 300 personas, debe terminar su trabajo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre de este año porque los republicanos podrían recuperar el control de la Cámara y poner fin a la investigación.

En diciembre Liz Cheney, miembro de la comisión y una de las pocas republicanas que respaldan la investigación, dijo claramente que Trump está en el punto de mira.

“Nunca en la historia de nuestro país una investigación parlamentaria sobre las acciones de un expresidente ha estado tan justificada”, afirmó. “No podemos ceder frente a los intentos del presidente Trump de ocultar lo sucedido”, concluyó.

Para William Galston, politólogo de la Brookings Institution, el 6 de enero “fue el presagio de un peligro claro y actual” porque “el intento de invalidar los resultados de unas elecciones democráticas ha fracasado” pero “¿será así dentro de tres años? No está tan claro”, afirmó.

“Porque las personas que estaban decididas a invalidar los efectos de las elecciones de 2020 han aprendido mucho”, avisó.

La semana pasada, tres generales retirados advirtieron que podría ocurrir otra insurrección después de las elecciones presidenciales de 2024 y que los militares podrían instigarla.

Los generales Paul Eaton, Antonio Taguba y Steven Anderson expusieron su caso en un reciente artículo de opinión publicado en el Washington Post. “Estamos helados hasta los huesos ante la idea de que un golpe tenga éxito la próxima vez”, escribieron.

“La verdadera pregunta es si todos comprenden quién es el presidente debidamente elegido. Si no hay un entendimiento claro, eso puede infectar a las bases o a cualquier nivel en las Fuerzas Armadas”, señaló.

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