Hacia la sostenibilidad social: una taxonomía social

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Por Judith Vorbarch Susane Wixforth

Una creciente demanda de productos financieros que aborden criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sustenta el proyecto político para impulsar la sostenibilidad a través del sector financiero y dirigir las inversiones hacia actividades económicas sostenibles. Pero la falta de definiciones claras dificulta la evaluación de las inversiones y los recursos sociales y, por lo tanto, su orientación hacia actividades y empresas socialmente responsables. Una taxonomía social tendría como objetivo abordar estos problemas y armonizar la forma en que se miden los aspectos sociales.

Estas consideraciones llevaron al Comité Económico y Social Europeo (CESE) de la Unión Europea a elaborar un dictamen de iniciativa en agosto. En su opinión, es necesario adoptar un enfoque holístico de la taxonomía de la UE, con aspectos ambiental y socialmente sostenibles.

Los desafíos son enormes: la transformación verde, el impacto económico y social de la pandemia, la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas resultantes. El déficit mínimo de inversión en infraestructura social se ha estimado en alrededor de 1,5 billones de euros para el período 2018 a 2030. Una taxonomía social podría proporcionar pautas para inversiones con un impacto social positivo.

Tres objetivos principales

Sin embargo, la sostenibilidad social ni siquiera está en su infancia. Se solicitó a la Comisión Europea que publicara un informe para fines de 2021, para evaluar las opciones disponibles para ampliar el alcance de la taxonomía de la UE a ‘otros objetivos de sostenibilidad, como los objetivos sociales’. Sin embargo, el informe corre el riesgo de morir por negligencia de la comisión.

En este contexto, la Plataforma para las Finanzas Sostenibles (Plataforma) ya ha presentado un concepto . La Plataforma propone una estructura similar para la taxonomía social que para la taxonomía ambiental . Tres objetivos principales abordarían a las partes interesadas clave de una empresa, complementados con subobjetivos:

  • trabajo decente en relación con los empleados en la empresa ya lo largo de la cadena de valor, con subobjetivos como el fortalecimiento del diálogo social y la promoción de la negociación colectiva;
  • niveles de vida dignos en relación con los consumidores, con objetivos secundarios como la seguridad de los productos, la atención médica y la vivienda de calidad, y
  • comunidades inclusivas y sostenibles en relación con los grupos afectados, con objetivos secundarios como la equidad, el crecimiento inclusivo y los medios de vida sostenibles.

Los objetivos de gestión sostenible, como la planificación fiscal transparente y no agresiva, también deben incorporarse a la taxonomía social. Al igual que con la taxonomía ambiental, debe aplicarse el principio de ‘no causar daño significativo’, además de la protección mínima, para que ninguno de los tres objetivos principales se vea significativamente afectado por una actividad corporativa.

Lavado social”

Centrarse en la actividad, en lugar de la empresa en su conjunto, puede ofrecer una escapatoria para el ‘lavado social’ si las estructuras corporativas y las condiciones de trabajo no se corresponden con la imagen positiva que promueve la empresa. Se debe considerar que existe una ‘contribución sustancial’ a la sostenibilidad social si se potencian los efectos positivos asociados con la actividad, por ejemplo, en vivienda, salud, transporte o telecomunicaciones, todos requisitos previos para un nivel de vida adecuado. Se reconocería una ‘contribución sustancial’ si se cumplen criterios como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (AAAQ) y no se viola ninguno de los tres objetivos principales.

También existiría una ‘contribución sustancial’ si se evitan los impactos negativos en los tres grupos de partes interesadas mencionados anteriormente. Esto incluiría, por ejemplo, la promoción de la negociación colectiva o el fortalecimiento del diálogo social. Finalmente, deben excluirse las actividades que fundamentalmente y en todas las circunstancias entren en conflicto con los objetivos de sostenibilidad y cuya nocividad no pueda reducirse, como aquellas relacionadas con armas prohibidas por acuerdos internacionales.

El hecho de que una taxonomía social también implica riesgos desde el punto de vista de los empleados ya es evidente. Las evaluaciones de su impacto potencial van desde insignificantes, ya que las decisiones de inversión se basarían principalmente en motivos como aumentar los rendimientos o minimizar los riesgos, hasta temores concretos de que el incumplimiento de la taxonomía conduciría a peores condiciones de financiamiento.

También existe el temor de requisitos de información complejos y procedimientos de auditoría costosos. Sin embargo, estos podrían contrarrestarse aprovechando la superposición con otros requisitos de informes, como en el marco de la futura Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia Corporativa planificada sobre sostenibilidad. El asesoramiento y la prestación de servicios relacionados con la taxonomía podrían ser proporcionados por una agencia de derecho público, especialmente para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y modelos comerciales sin fines de lucro.

Estándar dorado

La taxonomía de la UE debe identificar políticas y empresas que contribuyan significativamente a la sostenibilidad social y proporcionar un patrón oro que refleje un nivel de ambición más alto que el previsto en la legislación de la UE. Esto es importante para abordar las preocupaciones sobre la exclusión del mercado.

Además, la definición de lo que debe incluirse en la taxonomía será polémica. Esto se debe a que existe una gran confusión en los criterios ESG y las desviaciones medidas son particularmente pronunciadas en las categorías de derechos humanos y seguridad de los productos. Esto abre la puerta al lavado social y ecológico, de modo que los impactos negativos de las actividades económicas se ocultan y se pasan por alto. Una justificación y un objetivo clave para una taxonomía social es combatir el lavado social, por lo que el proceso de definición debe estar sujeto a un debate y una toma de decisiones democráticos.

Una taxonomía social podría ser un paso en el camino hacia el fortalecimiento de la dimensión social de la UE. Si se diseña adecuadamente, tiene el potencial de hacer transparentes los efectos sociales de las inversiones financieras, dirigir recursos a actividades y empresas socialmente responsables, contribuir a una transición verde justa y promover buenos empleos. El enfoque unilateral de las finanzas sostenibles en el medio ambiente también corre el riesgo de descuidar los aspectos de sostenibilidad social de las inversiones.

Concepto coherente

Desde el punto de vista del CESE, una taxonomía social satisfactoria respaldaría la creciente demanda de inversiones de orientación social al ofrecer un concepto coherente para medir la sostenibilidad social. Para evitar el lavado social, se deben proporcionar mecanismos de denuncia para sindicatos y comités de empresa. El respeto de los derechos humanos y de los trabajadores debería ser un requisito previo. El cumplimiento de los convenios colectivos y los procedimientos de cogestión, a nivel de empresa y de grupo, debe ser una piedra angular.

El CSRD, que también tiene en cuenta las cuestiones sociales y el gobierno corporativo, sería una contraparte importante de la taxonomía social al garantizar la disponibilidad de datos esenciales. Por el contrario, la taxonomía ofrecería una valoración y clasificación de estos datos sobre el criterio de la sostenibilidad social.

Finalmente, la transparencia es crucial para la eficiencia del mercado de capitales. Una taxonomía social promovería la competencia leal y haría más visibles las empresas y organizaciones que contribuyen a la sostenibilidad social.

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