El Gobierno hizo efectivo este lunes en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político a los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, implicados en el chat de Lago Escondido en el que se pensaban ideas para encubrir el viaje o justificar gastos con facturas confeccionadas luego de la visita al estancia del multimillonario inglés Joe Lewis.
La presentación fue realizada por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz.
El representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.
En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
Los imputados en la Justicia por el chat son los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la AFI); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia; Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales de Clarín y sobrino del CEO, Héctor Magnetto).