Cámara Federal de Paraná frenó juicio del Gobierno contra ambientalistas de Gualeguaychú

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Por dos votos a favor y uno en contra rechazaron la apelación de la Fiscalía. Los ambientalistas advirtieron que este fallo no tiene nada que ver con el futuro de sus acciones. 

Por dos votos contra uno, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná frenó la causa judicial que el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner inició contra diez ambientalistas de Gualeguaychú por cortar durante casi cuatro años la ruta 136 y el paso por el puente General San Martín, en protesta por la instalación de la planta de Botnia-UPM en Fray Bentos, Uruguay.

El presidente de la Cámara, Daniel Alonso, y la magistrada Cintia Gómez, votaron en rechazo a la apelación de la fiscal federal, Daniela Neyra, al fallo del juez de primera instancia, Gustavo Pimentel, que desechó la querella del Gobierno. El restante camarista, Gustavo Ibáñez, por su parte avaló la demanda de la Fiscalía.

Pasadas las 8 de la mañana de hoy, los abogados de los asambleístas recibieron la notificación y un centenar de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú saludó con aplausos la novedad.

El abogado Darío Carrazza explicó que la Cámara, en una interpretación técnica procesal, no se expidió sobre el corte de ruta, sino que estableció que no hay una causa en marcha para avanzar contra los asambleístas. “Es un paso importante porque se detuvo una dinámica perversa contra los militantes de la Asamblea Ambiental”, afirmó el letrado en declaraciones a Radio Máxima.

El ambientalista Jorge Fritzler dijo a radio Carve que el motivo más importante de la decisión es que no hay causa. “Si no hay causa es porque no hay delito”, puntualizó.

Y llamó a tomar las cosas con responsabilidad al advertir que el fallo no tiene nada que ver con el futuro de los cortes o las protestas contra UPM. “Esto no tiene nada que ver con el futuro, es un hecho del pasado”, afirmó.

Por los cortes de ruta posteriores realizados en los últimos meses, todavía quedan unos cuarenta asambleístas que deberán presentarse a declarar ante la Justicia federal.

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