La central obrera quiere impulsar la acción penal contra el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y funcionarios de la AFI de Mauricio Macri.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentará a la Justicia para ser aceptada como querellante en la causa que deberá investigar el armado de una operación político-judicial para perseguir a sindicalistas desde el gobierno bonaerense que conducía María Eugenia Vidal.
La decisión de la central obrera se tomó este miércoles luego de contactos entre los referentes de la conducción con abogados penalistas que la asesoran.
Se trata de un gesto político más contundente tras el comunicado de condena a la difusión de un video donde se ve al exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, en una reunión con funcionarios de la AFI y empresarios del rubro de la construcción de La Plata convocada supuestamente para armarle causas al gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.
Con el pedido de querellar la CGT buscará interiorizarse de primera mano de los avances del expediente, sugerir medidas de prueba e impulsar la acción penal contra los eventuales responsables de la maniobra bajo la sospecha de que fue “una acción sistemática” contra el movimiento obrero.
Aunque subsistía la duda entre los dirigentes y sus asesores sobre la viabilidad del planteo porque la condición de querellante está reservada para los perjudicados de un delito y sus allegados más directos, mientras que la CGT es una representación superestructural de las jefaturas nacionales de cada sindicato, finalmente se decidió avanzar con el pedido.
Ahora quedará para los funcionarios judiciales la responsabilidad de aceptar o no el reclamo, pero no presentarse en la causa hubiese implicado un conflicto interno entre los sectores más tradicionales de la organización, distantes del “Pata” Medina, y el núcleo de Hugo Moyano, que le dio su respaldo al gremialista platense.
El sindicalista platense de la construcción es enemigo declarado del líder nacional de la Uocra, Gerardo Martínez, a su vez referente indiscutido de los “gordos” de la CGT.
Parte de esa tensión la resolvió el propio Martínez cuando, pocas horas después de la difusión del video, emitió un comunicado de repudio a la “persecución” del gobierno anterior contra Medina.
La estrategia política de la CGT ante el caso fue acordada entre martes y miércoles en sendos contactos que mantuvieron Héctor Daer y su más reciente colega en la secretaría general, el camionero Pablo Moyano.
Para evitar roces hubo consenso para presentar el pedido, que se concretará en los próximos días, como una acción de rechazo institucional al método utilizado por el gobierno anterior para perseguir a gremialistas y no como una mera defensa corporativa a dirigentes como Medina, Marcelo Balcedo (exSoeme) u Omar Suárez (exSOMU), los casos paradigmáticos expuestos como supuestas víctimas de las maniobras, los tres encausados por actos de corrupción.
La exposición del video hallado por la actual conducción de la AFI puso al descubierto o actualizó otros casos con similares características. La exinterventora del SOMU Gladys González dijo a gremialistas de esa organización que su tarea principal era encarcelar a Suárez, y en reuniones fue señalada por supuestamente decir que se trataba de una orden emanada del propio presidente Mauricio Macri.
También en marzo pasado Ámbito publicó una entrevista con el petrolero Guillermo Pereyra, uno de los gremialistas más valorados por Macri, quien dijo haber escuchado al expresidente en persona decir que tenía que “meter preso” al dirigente lechero Héctor Ponce (Atilra).