El G20 apoyó el planteo argentino de revisar los sobrecargos del Fondo Monetario

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En la declaración final de la cumbre G20 que se lleva a cabo en Bali, Indonesia, los líderes de los países miembros solicitaron la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI)), pedido que Argentina viene planteando desde la crisis sanitaria, en 2020, y en los últimos meses en distintos foros.

Argentina paga más de 1.200 millones de dólares por año en este concepto, lo que con el actual nivel de reservas reclama un esfuerzo financiero muy importante.

El documento señala en su punto 33 que los mandatarios firmantes están “comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destaca “los compromisos por un monto de u$s81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes”, exhortando así al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.

Además, resaltan la puesta en funcionamiento del Resilience and Sustainability Trust (RST), fondo destinado a ayudar a los “países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios” abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático.

El comunicado se conoció luego de que se difundiera el contenido de la reunión entre el presidente Alberto Fernández y la directora-gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en la que el mandatario argentino volvió a hacer el planteo formalizado en octubre de 2021 en Roma.

El RST es una línea de crédito del FMI a largo plazo que le permitirá a los países elegibles acceder a más recursos para afrontar los mismos y un plazo de devolución de hasta veinte años. Del mismo modo se pidieron compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.

Desde el Gobierno argentino comunicaron que sigue firme su “compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la crisis alimentaria mundial. A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones”.

Según indicaron desde la Presidencia, buscarán “tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes”.

Con respecto a la situación en Ucrania, Nación consideró que “se refleja el costo de la guerra en la economía mundial, en la vida de las personas y en la seguridad alimentaria y energética.

Los Estados expresaron sus posiciones nacionales conforme fueron sus respectivas votaciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayoría habiendo condenado la invasión”.

En otro tramo del comunicado que difundió la Cancillería, se remarcó que: “El G20 insiste en la necesidad de que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en la lucha por el cambio climático, para movilizar conjuntamente u$s100 mil millones por año desde el 2020 y hasta 2025, y continuar deliberando sobre la necesidad de establecer el financiamiento partiendo de un piso de 100.000 millones de dólares por año, para cumplir con los compromisos internacionales climáticos de mitigación y adaptación”.

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