CELS denuncia a la CIDH que justicia mendocina fue cómplice de dictadura

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Enviada de la ONG lo hizo cuando el Gobierno informaba sobre el avance general de las causas. Unos 200 presuntos genocidas murieron sin condena por lentitud judicial.

Las denuncias por la crisis de la justicia federal de Mendoza en lo relativo a las causas por delitos de lesa humanidad llegaron esta semana a la mesa de trabajo de la Comisión Interameriicana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, durante una audiencia pública en la que se habló en general de estas investigaciones en Argentina.

No estaba previsto, ni había sido incluído en el informe que el Gobierno ofreció al organismo internacional sobre el estado de las pesquisas por crímenes cometidos desde el aparato estatal de represión ilegal en la última dictadura militar.

Pero la representante del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Andrea Pochak, introdujo la cuestión inesperadamente, en medio de las auspiciosas cifras de procesos en marcha y detenidos que daba la versión oficial del Gobierno.

La justicia federal mendocina “está dando muestras de complicidad con la impunidad”, avanzó Pochak en el marco de las críticas que había preparado para la ocasión referidas a demoras en llegar a condenas firmes en juicio oral.

La abogada consideró que son “aspectos preocupantes” de la situación y la “demora” ocupó el primer lugar de los reclamos.

“Del total de las 344 causas en movimiento, más del 70% (273) se encuentran en etapa de instrucción. A este ritmo, este proceso puede demorar veinte años más. Ni las victimas, ni los familiares ni los imputados van a estar en condiciones de esperar veinte años más”, subrayó.

“No podemos dejar de mencionar un escollo fundamental en algunas jurisdicciones que es la complicidad de la corporación judicial en la impunidad de los crímenes y un caso emblemático, resonante y vergonzoso es el de Mendoza”, apuntó, donde “ésta corporación judicial…está dando muestras de complicidad con la impunidad” ya que “el único juez que había avanzado fue recusado y la Cámara Federal (mendocina) aceptó esa recusación”.

Pochat llamó a la CIDH a velar por los procesos para “para acelerar los tiempos”.

Y sus palabras generaron planteos de la Comisión que el Gobierno se comprometió a responder por escrito. Y, entre ellos, la pregunta: “¿Qué abordaje se le puede dar a la situación de Mendoza que tiene que ver con la resistencia del sistema judicial para darle seguimiento a estos casos?”

La representante del Gobierno, Andrea Gualde, destacó en la audiencia la existencia en el país de 127 causas abiertas, 13 de ellas en etapa de juicio oral. Y que en total hay 656 procesados y 126 condenados.

Pero de la mano de Pochat llegaron las estadísticas menos optimistas: de 739 procesados en todo el país, sólo hay 127 sometidos a juicio. Y unos 200 detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad en la dictadura murieron siendo “inocentes” para la Justicia argentina, ya que la lentitud de los juicios impidió dictarles eventuales penas ya que para la ley todo procesado es inocente hasta que haya condena firme en su contra.

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