La presidente debe decidir si acepta la extradición dictada por la Corte Suprema o si lo declara refugiado.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el ciudadano chileno extraditado por la Corte, ya es un dolor de cabeza para el Gobierno argentino. Y encima Hebe de Bonafini pidió que el Ejecutivo le otorgue el estatus de “refugiado político”.
La Corte Suprema concedió la extradición de Apablaza Guerra, a quien las autoridades del país trasandino requirieron para juzgarlo por el asesinato de un senador nacional y el secuestro de un empresario.
La Corte tomó la decisión porque la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), un organismo interministerial, no se expidió sobre el pedido presentado hace seis años por la defensa del imputado.
Apablaza Guerra, ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), habría participado del homicidio perpetrado en 1991 contra el legislador Jaime Guzmán Errázuriz, sindicado como un colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, y del secuestro del empresario Cristián Edwards.
Fue buscado y apresado en 2004 en la provincia de Buenos Aires, donde se había radicado con nombre falso y formado una familia.
Después fue excarcelado e inició los trámites para conseguir el estatus de refugiado político, algo que a seis años aún no obtuvo resultado positivo.
Por esto la Corte decidió “reanudar el trámite (de extradición) suspendido” y “revocar la resolución apelada” que rechazaba el reclamo de las autoridades chilenas.
Bonafini consideró que la Presidente no debe enviar a Apablaza a Chile porque es un luchador “por la libertad”. Y que, en cambio, se le debe dar el estatus que reclama. ¿Qué hará Cristina? ¿Cederá ante Hebe o lo hará ante el naciente gobierno del derechista Sebastián Piñera?