¿Hubo una marcha atrás en el caso Papel Prensa?

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La mayoría de los medios insiste en que Cristina no fue a fondo como quería. Pero hay analistas que creen que el Gobierno con su informe logró lo que buscaba: embarrar aún más a Clarín.  

Los analistas están divididos: unos aseguran que el Gobierno presentó el informe final pero dio marcha atrás al anunciar que denunciaría penalmente a los accionistas de Clarín y La Nación por el traspaso de acciones de Papel Prensa, y que enviaría un proyecto de ley al Parlamento para que se declare “de interés público” la producción, distribución y comercialización del papel para diarios. Otros, en cambio, sostienen que no hubo tal retroceso.

Veamos cómo se dieron los hechos. En los días previos al anuncio de la Presidente, en especial en las 48 horas anteriores, una suerte de oleada de histeria atravesó a dirigentes empresarios y políticos, pasando por las redacciones de todos los medios, con una suerte de consigna sin fuente precisa: “El gobierno va a confiscar Papel Prensa”.

Unas semanas antes, el propio CEO de Clarín, Héctor Magnetto, deslizó que pensaba que el Gobierno quería meterlo preso por esa transacción, concretada en 1976.

¿Ambas se trataron de profecías cuyos emisores deseaban ver cumplidas? Claramente no en el segundo caso: dudamos que Magnetto estuviera dispuesto a pasar siquiera una noche en una comisaría con el presunto objetivo de victimizarse aún más frente a un gobierno “chavizado”. Volviendo al primer rumor, el de la confiscación, entre connotados abogados y empresarios “Gaceta Mercantil” hizo una consulta que arrojó el siguiente resultado: puede que desde el Grupo Clarín haya habido operadores que buscaran hacer que el Gobierno “pisara el palito” con una medida que lo habría acercado peligrosamente al socio venezolano, que ya confiscó varias empresas periodísticas y no parece tener retorno. Pero entre nuestras fuentes también hubo quien deslizó que un importante operador K recibió una clara advertencia de Magnetto: “Si anulan la venta o confiscan, no habrá retorno para ninguno”, habría dicho el empresario del mayor multimedios del país.

Aquí las versiones vuelven a dividirse. Desde el máximo nivel de la Administración K negaron que la advertencia haya existido. Al contrario, señalan que las versiones sobre confiscación y cárcel provinieron exclusivamente de fuentes del Grupo Clarín y que lo anunciado era, ni más ni menos, lo que se pensaba anunciar. Que no hubo nada en el medio que hiciera cambiar los planes de la Presidente y su marido. “Nunca retrocedimos, como dicen ellos, porque jamás se pensó en la confiscación ni en la anulación de la venta. La Presidente siempre tuvo en claro que la que debía actuar era la Justicia”, apuntó un ministro del Gabinete nacional.

Y la Justicia finalmente va a actuar y en el sentido en que anticipó un influyente K el domingo pasado en su columna en Página/12. El columnista Horacio Verbitsky advirtió que el único obstáculo para que una causa sobre Papel Prensa viajara hasta La Plata, al juzgado de Arnaldo Coraza, para integrarse a la investigación del “circuito Camps”, era el fiscal “manzanista” (de orígen) Germán Moldes. Este funcionario judicial debía opinar sobre el envío de la investigación a Corazza por parte del juez federal Daniel Rafecas, quien antes del anuncio presidencial ya había considerado la posibilidad de que en la operación de Papel Prensa se hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

El analista Rosendo Fraga, aunque en soledad, advirtió el martes a la noche en el programa de Marcelo Longobardi que, muy por el contrario de lo que sospechaba el conductor, el Gobierno no había retrocedido nada en el controvertido tema de Papel Prensa. Y para sostener su opinión advirtió sobre el hecho de que la Justicia se aprestaba a enviar la investigación oficial al juez Corazza. “Los accionistas de Clarín y La Nación, y otros testigos, van a tener que ir a declarar allí en el marco de la causa Camps”, se preocupó Fraga, a quien nadie puede atribuirle simpatías kirchneristas.

En el medio, la guerra ha derivado al terreno de una verdad histórica, esa que Clarín y La Nación dicen que está en poder de Isidoro Graiver y su sobrina, quienes desestimaron que la operación de traspaso de acciones se haya dado bajo presiones y torturas. O la que el Gobierno asegura representa Lidia Papaleo de Graiver.

Para confirmar las ospechas de Fraga, en el sentido de que el Gobierno no retrocedió y avanza en la búsqueda de probar delitos de lesa humanidad, hay que señalar que el fiscal Marcelo Molina citó a la viuda de Graiver hoy mismo, apenas horas después de que la investigación del Gobierno llegara al despacho de Corazza. Y lo hizo incluso antes de que se establezca si esta pesquisa le corresponde a ese juzgado por conexidad con la causa Camps.

En este punto, de un lado y del otro se acumulan “evidencias” que parecen estar dirigidas a anularse, pero el vapuleo mediático al que están siendo sometidos los dos grupo mediáticos, embarrados en una historia de sangre y complicidad con la dictadura, parece formar parte del precario plan de Néstor Kirchner, que se imagina creciendo en la consideración pública en la medida en que libra la batalla contra el “monstruo monopólico”.

De máxima, si se prueba que se cometieron delitos aberrantes para obligar a los Graiver a vender, varios directivos de los dos grupos irían presos. De mínima, podría anularse la operación. Estas son las variantes que manejan en Olivos. 

Pero Kirchner cree que tiene todo para ganar y que Clarín tiene todo para perder. Así, sin matices. A todo o nada.

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