Si, tal como todo indica, la presidente le pide hoy al Procurador del Tesoso que denuncie a los accionistas de Clarín y La Nación, se le abriría el juego a una causa judicial con derivaciones impredecibles. Los lobbies del Grupo y del Gobierno. Antecedentes a tener en cuenta.
El eventual destino final de una denuncia del Gobierno sobre el traspaso de las acciones de Papel Prensa en la última dictadura todavía está en veremos en los tribunales, aunque todo indica que la cuestión deberá dirimirse en el juzgado federal de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza.
Lo que no se discute es la calificación legal de las eventuales imputaciones: en base a casos preexistentes -aunque menos mediáticos- nadie duda que se está ante delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y con penas que pueden llegar hasta los 25 años de prisión o perpetuas. Así ha sido en lo que a los secuestradores y torturadores directos se refiere.
Más difícil, coinciden, será probar penalmente que los responsables de las empresas que compraron las acciones estaban al tanto de los secuestros y violaciones a los derechos humanos que sufrían los Graiver. Difícil, pero no imposible, remarcaron los expertos judiciales consultados.
Fuentes de la Procuracion General del Tesoro consultadas por “Gaceta Mercantil” aseguraron que hasta el momento el jefe de los abogados estatales, Joaquín Da Rocha, solo recibió una invitación al acto de presentación del informe sobre Papel Prensa, sin que nadie le haya dicho todavía que prepare denuncia penal alguna.
Pese a ello, en el organismo ya se especula con varias posibilidades, la más firme de las cuales es la de realizar una presentación que se anexe a una causa que ya tramita en La Plata referida al llamado “circuito Camps”, los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del fallecido y poderoso ex jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps, donde estuvieron secuestrados los miembros del clan Graiver y allegados vinculados a su grupo económico, principalmente la viuda del banquero, Lidia Papaleo y su contador Rafael Yanover, quienes firmaron la venta de acciones a las sociedades propietarias de los diarios Clarin, La Nación y La Razón.
En lo formal, la decisión sobre el destino final de una denuncia penal sobre el tema está en manos de la Cámara Federal porteña. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad, ya existe una primera causa abierta por el traspaso irregular de las acciones que recayó en el juzgado federal capitalino a cargo de Daniel Rafecas. Cualquier sucesiva presentación sobre el mismo tema debería unificarse con esta.
Rafecas se declaró incompetente y giró todo a La Plata, pero la decisión fue apelada por el fiscal Carlos Stornelli y está a resolución de los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
Para el jueves está convocado el fiscal ante esa Cámara, Germán Moldes, quien deberá informar si sostiene o no la apelacion de Stornelli y entonces el tribunal de apelaciones estará en condiciones de resolver.
La posición de Moldes es objeto de diversas especulaciones (ver “Moldes de Papel” en Página/12 del pasado domingo).
Fuentes del caso inclinaron la balanza a favor de la competencia platense en el asunto, pero hoy por hoy y hasta que haya fallo de Cámara, la causa sigue a cargo de Rafecas.
Y este último magistrado ya abrió el camino a la causa penal, mucho antes de que se le enviase cualquier informe gubernamental. En un dictamen firmado el 13 de julio pasado, cuando se declaró incompetente, Rafecas estableció que el traspaso de las acciones está “vinculado con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto”.
Además, aludió en base a los dichos del ex dueño de La Razón José Pirillo a “la existencia de acuerdos entre los diarios a los que transmitieron esas acciones, entre los cuales se encontraba el de no publicar ‘nada que atentase contra la Junta Militar ‘”.
“Existen distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad, ya sea por sí o por terceros, de la familia Graiver”, agregó el juez en aquel dictamen, antes de enviar todo a La Plata.
A la hora de los precedentes, todo el andamiaje judicial está puesto en los casos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, autos en los que está preso el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Ambos fueron secuestrados y torturados para que aceptaran firmar un convenio textil con China que propiciaba el entonces funcionario de facto.
El delito fue declarado de lesa humanidad, imprescriptible. También se apunta a la megacausa ESMA y a un desprendimiento sobre el “desapoderamiento” de bienes de detenidos desaparecidos, como fue el caso de cuatro empresarios mendocinos obligados bajo torturas en un sótano de ese centro clandestino de detención a firmar el traspaso de terrenos valuados en 16 millones de dólares en Chacras de Coria.
Por esta causa, también de dellitos de lesa humanidad ,está procesado e irá a juicio el año próximo el civil Eduardo Massera, hijo del fallecido ex jefe de la Armada, Emilio Massera.
Pero Massera hijo fue excarcelado por la Cámara Federal porteña, que consideró probado que participó de la constitución de sociedades falsas para apropiarse de los bienes pero admitió carecer de evidencias para vincularlo de manera directa con los secuestros y desapariciones.
Algo parecido a lo que podría suceder con los entonces responsables de los diarios si no hay evidencias directas que los vinculen a las violaciones a los derechos humanos.
Paralelamente, nada impediría a la Justicia penal decretar la nulidad del traspaso de las acciones y de toda la operación si se comprueba que se originó en la comisión de un delito de lesa humanidad, más allá de quienes finalmente sean sindicados como responsables.
Y para ser más memoriosos aún, muchos recuerdan que dos décadas atrás, en el Gobierno de la Unión Cívica Radical, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas emitó un dictamen donde recomendó hacer una denuncia penal y decretar la nulidad de la venta de Papel Prensa, denunciando todo lo ocurrido.