En un acto en la Casa de Gobierno al que prácticamente no asistieron empresarios importantes, Cristina Kirchner reseñó la historia de la compañía mixta, y los nexos y complicidades de los dueños de los dos grupos mediáticos con la Dictadura y en el despojo de las acciones al Grupo Graiver.

Finalmente, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció que instruyó al Procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que denuncien ante la Justicia los delitos cometidos durante el traspaso de las acciones de Papel Prensa en 1977, y que involucran a accionistas de los Grupos Clarín y La Nación.

Lo hizo tras una extensa reseña de la investigación que llevó a cabo una comisión “ad hoc” formada por la directora estatal en esa compañía mixta, Mabel Paglieri, y el presidente del Órgano de Fiscalización de la empresa, Alberto González Arzac, también representante de la minoría accionaria en poder del Estado.

Da Rocha y Duhalde presentarán ante los fueros correspondientes las denuncias, que involucrarán a los representantes de Clarín y La Nación en los sucesivos directorios (ver “Si el Gobierno pide…”).

La presidente advirtió que se cometieron diversos delitos penales económicos, pero remarcó que también –de manera concomitante- varios otros de lesa humanidad, lo que justifica que instruyera también a Duhalde, quien enviará parte de la documentación al juez platense Arnaldo Coraza para que la tenga en cuenta en el llamado “circuito Camps”.

Antes de terminar, la jefa de Estado anticipó que en las próximas horas enviará al Parlamento un proyecto de ley que declarará “de interés público” la producción de pasta celulósica para papel de diarios, su producción, distribución y comercialización, y que deberá crear una comisión bicameral que deberá controlar a Papel Prensa.

Con esta batería de anuncios, el Gobierno produjo dos hechos relevantes: el primero, puso bajo la luz pública un caso que estaría prescripto si no fuera que ahora deberán investigarse aspectos relacionados con los derechos humanos. Y en segundo lugar, obliga a la oposición parlamentaria a tomar posición en un tema incómodo: ¿expresará su rechazo a una comisión bicameral de control? ¿Votará en contra de un proyecto que busca darle transparencia a la gestión en Papel Prensa?

El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había advertido hace dos semanas –y ante un auditorio de empleados jerárquicos del Grupo- que la Administración Kirchner deseaba pornerlo preso. También deslizó, como reveló “Gaceta Mercantil”, que no confiaba en la Corte Suprema, que debería entender en dos causas que lo enfrentan al Gobierno: la de la presunta apropiación ilegal de los hijos de Ernestina Herrera de Noble; y la que define la cuestión de la desinversión establecida por la Ley de Medios.

Apenas concluída la ceremonia en la Casa Rosada, Canal 7 comenzó a poner al aire imágenes inéditas, o que estaban guardadas hace décadas, en los que se ve y se escuchan discursos de una muy jóven y exultante Ernestina Herrera de Noble junto al general y presidente Alejandro Agustín Lanusse, en 1972, y junto al también general y presidente Jorge Rafael Videla apenas cuatro años más tarde. En ambos casos, se trata de actos en los cuales aquellas dictaduras celebraban los acuerdos con la parte privada (Clarín, La Nación y La Razón) o inauguraban la planta de Papel Prensa.

Clarín soportó hoy, y seguirá padeciendo en adelante, todo el peso de la historia. El orígen, espurio según el Gobierno, de su expansión estará permanentemente en la picota. Y, tal como ocurrió hoy en Casa de Gobierno, habrá del otro lado una Administración dispuesta a marcarle todos y cada uno de sus pecados, los económicos y los más lacerantes, los que lo vinculan de un modo incontestable a la peor etapa de la historia argentina: la sangrienta dictadura militar nacida en 1976.