Las ex AFJP (y ex funcionarios) en la mira por vaciamiento

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La Cámara Federal porteña ordenó al juez Claudio Bonadío que reactive la pesquisa para determinar si las AFJP, avisadas por funcionarios de la Superintendencia que debían controlarlas, procedieron al vaciamiento de las empresas en perjuicio de sus afiliados y del erario público.

Ex directivos de las liquidadas AFJP y ex funcionarios de la Superintendencia que debían controlarlas están desde hoy otra vez en la mira de la Justicia ya que la sala I de la Cámara Federal porteña le acaba de ordenar al juez federal Claudio Bonadío que reactive una investigación para determinar si hubo o no un vaciamiento de estas empresas con la connivencia de los funcionarios.

En un largo párrafo el Tribunal le ordena al juez que investigue “si las personas que eran responsables de las ex AFJP Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos, contando con la participación de funcionarios que en su momento dirigían la Superintendencia de AFJP, al tomar conocimiento de los trascendidos que daban cuenta de que el Estado Nacional anunciaría de manera inminente la eliminación del sistema privado de jubilaciones y la reestatización de las facultades de administración previsional realizaron a modo de vaciamiento operaciones financieras en perjuicio de los intereses de sus afiliados y del erario público”.

En la resolución de los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah se advierte que podría estarse frente a la comisión del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la Administración Pública”.

La causa había sido archivada por Bonadío, quien declaró la inexistencia de delito después de ordenar una serie de pruebas en general.

El fiscal del caso, Gerardo Di Massi, apeló y hoy le dieron la razón al declararse nulo lo resuelto por el juez y ordenársele que efectúe un peritaje en torno al 20 de octubre de 2008, día clave durante el cual -según la denuncia- las AFJP realizaron “una serie de operaciones puntuales, concretas” vinculadas “a la abrupta colocación en el mercado de activos de las administradoras y la canalización del producto de tal negociación en la compra de dólares en plaza cambiaria”, recordaron los camaristas.

Esta actividad “habría provocado la caída de la cotización de los bonos, la baja de la bolsa y un alza del calor de la referida moneda extranjera, variables que produjeron un impacto negativo en los fondos previsionales y en las finanzas publicas”, considerando que días más tarde esos fondos pasaron a la arcas estatales.

La denuncia inicial de la maniobra fue formulada desde el ámbito de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Guillermo Marijuán, con sede en el edificio central de la ANSES, que investiga y denuncia delitos de carácter previsional.

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