Un montaje patético

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La renovada embestida que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores peronistas han enderezado contra el titular de la Corte Suprema y, por lógica consecuencia, contra el resto de los ministros de ese cuerpo, es fruto de una estrategia que delineó meses atrás Cristina Fernández y que ahora, en consonancia con el fallo que benefició al gobierno de la ciudad capital, ha cobrado más empuje y sumado al jefe del Estado no tanto por convicción como por necesidad.

El hombre que la viuda de Kirchner puso en la Casa Rosada sabe que, tarde o temprano, de una u otra manera, deberá cumplir con la acordada del máximo tribunal de justicia. En ese momento, si acaso no hubiese hecho suyo el ataque que la vicepresidente, aquellos mandatarios provinciales y buena parte del Frente de Todos llevan a expensas de Horacio Rosatti y sus pares, correría peligro su estabilidad, que sería puesta en tela de juicio por sus mismos partidarios. El reclamo que levantó Leopoldo Moreau, dirigido al primer mandatario, para que liderara la ofensiva y demostrara de qué lado se encontraba en esta disputa, no podía ser desoído.

Hay que entender que el poder de Alberto Fernández se halla tan recortado y su figura de tal forma devaluada, que no está en condiciones de ignorar el pedido —amenaza— de un diputado del
montón. Por lo tanto, se alineó con el elenco maximalista convencido —al menos en este caso—
que, si no marchaba a la cabeza de los suyos, estos marcharían al frente con su cabeza.

Para los incondicionales de la Señora moverle hostilidades a la Corte es una parte fundamental del plan que han pensado, no con el propósito de remover a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda —cosa que, de sobra, saben que les resultará imposible porque no tienen los votos suficientes en la cámara baja del Congreso Nacional— sino de embarrar la cancha, victimizar a su jefa y satanizar a sus enemigos, acusándolos de ser parte de un complot antidemocrático en convivencia con la principal coalición opositora y los grandes medios de difusión. Pero lo que puede servirle de momento a éstos, al presidente de la República lo complicará hasta límites difíciles de predecir. Es que al kirchnerismo puro y duro —que da por perdidos los comicios de agosto y octubre próximos— la situación en la que quede el Poder Ejecutivo de resultas de un conflicto con la Corte, lo tiene sin cuidado. A esta altura, la vieja fórmula setentista —“cuanto peor, mejor”— es la que más claramente cuadra con su libreto. En cambio, para los funcionarios que pueblan Balcarce 50 el precio que deberán pagar será mayúsculo. A diferencia de la vicepresidente, tienen mucho que perder en la pulseada.

Por de pronto, la poca credibilidad que había conseguido Sergio Massa con sus pases malabares, ha sido puesto en tela de juicio. Hoy Alberto Fernández depende de la “magia” que esté en condiciones de hacer el ex–intendente de Tigre, y —a su vez— el titular de la cartera de Hacienda depende de que los mercados le crean, cuando menos durante los próximos seis meses. En medio de semejante conflicto, que no terminó y que promete escalar a partir del momento en que, finalizada la feria judicial, los ministros de la Corte retomen sus funciones normalmente, la volatilidad de los mercados estará a la orden del día. Sería una anormalidad que —planteado el desafío en los términos de todos conocidos— nada cambiase en el ámbito económico. Los efectos de una sublevación contra la Corte Suprema de Justicia, motorizada por la administración K casi en pleno —el único que no ha abierto la boca es Massa que, si cediese a las presiones que recibe a diario, se suicidaría— ya se han manifestado. Pero lo que hemos visto es sólo la punta del iceberg.

Enero traerá a grupas malas noticias para el equipo económico en lo que hace a la inflación, que se harán notar en febrero y marzo. Es de sobra conocido que Massa ha apostado su suerte a una baja sostenida del índice de precios al consumidor. A estar a sus anuncios, debería percibirse en abril. En el primer mes del segundo trimestre del año en curso la aspiración del oficialismo es que aquel indicador no supere 3 %. Lleva razón el titular de la cartera de Hacienda a la hora de elegirlo como blanco principal de su gestión. Si lograse forjar el milagro de anclarlo en torno de ese número ya no haría las veces de ‘plomero del Titanic’. Se convertiría, de la noche a la mañana, en capitán del trasatlántico y pasaría a ser el funcionario decisivo del colectivo que agrupa a las tribus del peronismo y el kirchnerismo. Sin embargo, a poco de despedir 2022, se anuncian aumentos de bienes y servicios de todo tipo, tamaño y color. Un breve listado nos eximirá de mayores comentarios.

Subirán 4 % las naftas; 6,9 % la medicina prepara; se esperan alzas en los pasajes del transporte de colectivos y el ferroviario; y también en las tarifas de gas —30 % para quienes pierdan el subsidio— y las de agua. El mismo camino seguirán el servicio doméstico, el monotributo —entre 73 % y 103 %— y las telecomunicaciones —Personal incrementará el valor de su prestación 19 %, mientras que Movistar lo hará en 23,6 %. Si a la desconfianza que genera la guerra de guerrillas encaminada a enlodar a la Corte Suprema se le suman los aumentos que, sin solución de continuidad, se darán en los rubros más disímiles de la actividad económica durante el resto del año, es difícil pensar que, más allá de algún éxito fugaz, puedan cumplirse las expectativas de Sergio Massa y su elenco de colaboradores.

Por racionales que resulten sus planteos y decisiones —si se los compara con los de Martín Guzmán o los de Axel Kicillof, para traer a comento sólo dos ejemplos de los muchos que podrían citarse— hay datos estructurales que carecen de solución en el corto y mediano plazo. Uno basta y sobra para entenderlo. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales de la República Argentina informaron la semana pasada que en el año que acaba de finalizar el sector agroexportador aportó al país U$S 40.438 millones, 22 % más que en 2021. ¿Para qué sirvieron? —Entre otras cosas, para financiar con $ 2.500 millones diarios dos programas sociales, Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, manejados arbitrariamente por el Movimiento Evita y La Cámpora. Los dólares que genera la actividad privada los despilfarra el Estado, que obra como un barril sin fondo.

Si no fuese patética, resultaría curiosa esta suerte de comedia bufa montada por el oficialismo. El conjunto de actores que se ha trepado al escenario enarbola un mismo discurso contra la Corte Suprema. Sus integrantes se hacen los guapos y no ha faltado el gobernador que dijera “si quieren meterme preso, que me vengan a buscar”. Ninguno de ellos se llama a engaño respecto de cuál habrá de ser el final. En realidad, todos saben que el gobierno terminará pagando lo que le debe a la administración de la capital federal. Y, sin embargo, en patota le quieren hacer creer a la
tribuna que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sus arrebatos son sólo verbales y su aparente osadía no pasa de ser un recurso para ganarse el aplauso de sus fieles.

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