A 41 años del inicio del conflicto bélico y en otro aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, la causa que busca determinar delitos de lesa humanidad en las torturas denunciadas por soldados que participaron en aquel último manotazo de la dictadura cívico-militar en 1982 para intentar mantenerse en el poder.
La investigación por torturas en Malvinas tiene su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos denunciados de tormentos a soldados.
El caso que tramita el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande desde 2007 pasó a un letargo indefinido en mayo del 2021, cuando la jueza Mariel Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.
Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados representan ilícitos imprescriptibles y había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2021 un pronunciamiento dictado por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal -recurrido por la fiscalía y los querellantes- abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos y la jueza “cambió el criterio, y envió el tema a la Corte”, recordó a la agencia estatal Télam el abogado del Centro de exCombatientes de Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola.
Desde lo jurídico, Iraola recordó que el 22 de noviembre del año pasado, el Procurador Eduardo Casal “pidió revocar el fallo de la Cámara Federal de Casación que consideró que las torturas en Malvinas no fueron delitos de lesa humanidad y recomendó a la Corte pronunciarse”.
“Sin embargo, la Corte todavía no se expidió y no hay razón jurídica ni argumentativa que le impida hacerlo. Peor aún, porque teniendo de antecedente el fallo Bueno Alves que le indica que cuando hay torturas igualmente se debe seguir el criterio interamericano de violaciones a los derechos humanos, todavía tiene parada la causa”, añadió el abogado.
“A 41 años del conflicto bélico y con 40 años de democracia ininterrumpida, los excombatientes esperan que avance la causa que tiene más de 176 testimonios y 120 testigos en forma directa o indirecta han visto como torturaban a sus compañeros durante la guerra”, añadió el letrado.
Hasta el momento, “solo hay tres procesados, en el marco de las cinco indagatorias que se tomaron, y como consecuencia de la inacción de la Corte, las otras más de 20 indagatorias que estaban pendientes quedaron paralizadas”, amplió Iraola.
En este punto, recordó que “se trata de una mega causa donde hay 95 militares denunciados por más de un centenar de hechos de tortura”, puntualizó.