Ganancias a jueces: cómo enemistarse con todos, al mismo tiempo y sin chances de éxito

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Por Gabriel Morini

La discusión por la exención al Poder Judicial del pago del Impuesto a las Ganancias está perdida de cara a la sociedad. Solo desde ese punto de partida, que el mundo judicial conoce y admite, es posible decodificar el significado de los movimientos de las últimas horas, desde que el oficialismo impulsó su inclusión en el proyecto de Presupuesto 2023, y proyectar cómo desembocará este nuevo conflicto interpoderes. La respuesta –virulenta- que apiló una cadena de comunicados de todas las representaciones institucionales de los jueces y funcionarios judiciales en rechazo de la posibilidad de que se les aplique el tributo se interpreta como una réplica a lo que entienden como una declaración de guerra por parte del oficialismo. En el sprint final del año también se alberga una certeza: de prosperar, su judicialización abortará cualquier chance de aplicación efectiva de lo que se llegue a aprobar. Por eso una pregunta también surcó el panorama: “¿Para qué?”. No se referían al libro de Mauricio Macri, sino a la intentona del Gobierno con mucho déjà vu del 2016.

Desde el jueves, el cotilleo incluyó la desconfianza sobre los números que exhibió el FdT para fundamentar el perjuicio al erario por la no percepción de los tributos. Circuló un informe en el mundo judicial que arrojaba un cálculo distinto al difundido oficialmente: si todo el personal del Poder Judicial de la Nación pagara Ganancias con una alícuota del 35% el monto alcanzaría para el 2022 los $8.190.141.900, una cifra sustantivamente menor a los $129 mil millones que el Ejecutivo consideró para este período. La exención, proyectada a 2023, afirma que treparía a los $11.500.000.000 y no a los $237 mil millones. Hay una desconfianza metodológica acerca de cómo se conformó el número que, incluido en el Presupuesto, sepultaba cualquier argumentación en contrario del tributo, desde un comienzo.

El mismo informe recabó que sobre las liquidaciones de sueldos de agosto existe un universo de 728 jueces y que hoy –merced a la ley que entró en vigencia desde 2017- tributan 184, un 25% del total. En agosto, el Poder Judicial depositó en la AFIP $37 millones en concepto de retención de Ganancias por todo su personal, 26 de los cuales correspondían al descuento realizado a los jueces. Un 71% del total. Los tecnicismos comienzan con el cálculo metodológico. Los jueces creen tener el suyo bien afilado. Ni siquiera incluyendo a las justicias provinciales, afirman, podrían estar cerca de un número semejante al ítem del presupuesto que disparó la controversia. Ese es un problema aparte: la Justicia federal –la más conocida por la política nacional, los medios y la opinión pública- es un porcentaje ínfimo respecto a la tributación total tomando en cuenta las estructuras de las provincias a las que están enganchadas las fiscalías y defensorías. Eso ya empezó a crear “ruido” para algunos gobernadores dentro de sus propios territorios.

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