El Presidente le entregó a Diputados el pedido de juicio político a Rosatti, de incierto trámite

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El presidente Alberto Fernández le entregó este miércoles al titular del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en un trámite que pasará por esa ess instancia pero no prosperará en el recinto.

El primer madatario tomó la decisón de “entregarle” esta “ofrenda” la vice, Cristina Kirchner, y no porque, como dijo, los argentinos se merecen”un servicio de Justicia diggo” que hoy o tienen, tanto en la cima de ese poder -la Cortre Suprema- como en la justicia federal, en partida a lo alojada en los tribunales de Comodoro Py.

La presión del “cristinismo” amenazaba el delicado el equilibrio de la desquejabrada coalición de gobierno el kirchnerismo reclama “sangre” para larzarse a la campaña electoral con un enemigo claro que permitiera la tensar la cuerda de la antinomia pueblo-antipueblo (FdT vs. Juntos/Justicia/Clarín).

Según informó Casa Rosada, Fernández convocó a ambos legisladores para entregarles el texto con los fundamentos para impulsar el enjuiciamiento de Horacio Rosatti, en particular, y otros tres integrantes del Máximo Kirchner, cuya actuación se investigará para determinar si participaron en los delitos que se le imputan del primero.

El proceso en el Congreso

Luego de que finalmene diez gobernadores firmaran el documento impulsado por Fernández para iniciar juicio político contra la Corte, se activó el proceso en la Cámara cámara donde una comisión “ad hoc” comenzará a trabajar durante el inminente período de sesiones extraordinarias.

El oficialismo cuenta con que en la comisión respectiva que conduce la diputada albertista Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para iniciar el trámite parlamentario y poner en la picota a los magistrados.

El objetivo no es conseguir su desplazamiento por la vía del Congreso sino dejar en evidencia su accionar ilegal conocido a través de los comprometedores chats que se filtraron, los cuales tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía de Rosatti, con las negociados con un funcionario porteño por el fallo de la coparticipación.

Lo mismo ocurre con los pedidos de los juicios políticos que se iniciarán contra los jueces que participraron del viaje a Lago Escondido en octubre del año pasado invitados por el Grupo Clarín.

No obstante, con los 16 legislores propios el kirchnerismo podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (según el artículo 53 de la Constitución) contra Rosatti, y la investigación de los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.

A esa primera etapa preliminar le seguirá una “etapa informativa sustanciando el sumario con medidas de pruebas, informes, citación a testigos, careos, derecho de defensa de los acusados”, detalló el diputado oficialista Marcelo Casaretto.

En esta fase la estrategia del oficialismo será dejar al desnudo cada uno de los accionares irregulares que le imputan a los jueces del alto tribunal, buscando la mayor repercusión posible en un remedo de juicio oral y público. Todo con el calendario electoral en marcha.

Se les achacará, por ejemplo, la presunta complicidad con el Gobierno porteño expuesta en el llamado “fallo Robles” que favorece “arbitrariamente” a la Ciudad en la pelea por la coparticipación; o su injerencia en la conformación del Consejo de la Magistratura, arbitrando otra vez a favor de Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos.

El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y de esa manera lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen, lo que a todas luces parece difícil, teniendo en cuenta de las mayorías especiales necesarias: para aprobar la formación de la causa necesitaría de unos utópicos dos tercios de los miembros presentes en el recinto durante la votación.

No obsante: si tal como se prevé la iniciativa quedara rechazada en el pleno de la Cámara, podrá ser retomada ya que no perderá estado parlamentario por tres períodos, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2025. Una especie de “espada de Damocles” sobre los jueces, a quienes con el escarnio presionar que se “desgaen”.

Pero si Diputados aprobara el dictamen de la mayoría K, el siguiente paso se daría en el Senado, donde uno o dos integrantes de la Cámara baja deberían presentar la acusación.

Allí también se requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte y de esa manera defenestralos, inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.

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