El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que recusará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por el fallo qe ordenó devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables que fueron recortados en 2020 por él.
Según le dijo el primer mandatario a 14 gobernadores de extracción peronista o aliados ayer, en la Casa Rosada, esto se debe a que la orden “es de imposible cumplimiento”.
Además, los equipos legales del Ejecutivo presentarán un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada por la Corte.
La decisión conjunta lleva las firmas de Fernández y de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Antes le habían pedido al Presidente que no acatara la decisión judicial y Alberto F. los citó de urgencia en la sede gubernamental porque coincidieron en que el fallo afecta el federalismo.
El argumento del jefe de Estado es que no puede devolver recursos coparticipables que quitó a la Ciudad sin afectar a otras jurisdicciones. “Es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”, repitió Melella en su cuenta de Twitter tras el encuentro.
La decisión de la Corte sostiene “de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, ratificó el Gobierno en el comunicado posterior a la reunión con los gobernadores.
“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, agregó.
En el comunicado en donde anunció la decisión de recusar a los jueces y pedir la revocatoria del fallo, el Gobierno calificó a la resolución judicial de tener carácter “político en contra de las provincias argentinas” y ser “de imposible cumplimiento”.
“La Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95″, dice el tecxto.
Según los cálculos oficiales, se trata de más de $180.000 millones adicionales a los que ya percibe la CABA. Por eso, informó que los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la mism