Bombas molotov, planes y tarjetas bancarias, lo secuestrado a los mapuches en Villa Mascardi

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Al ordenar la requisa de las seis viviendas ocupadas por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu -que terminaron siendo 14- en los terrenos usurpados en Villa Mascardi, la Justicia incautó elementos incendiarios y aceleradores de fuego, documentación de los integrantes del grupo y tarjetas bancarias para cobrar planes sociales.

En las requisas, que se realizaron antes de la demolición de las estructuras, se hallaron bombas molotov que los integrantes de la comunidad tenían preparadas para usar en sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

También se encontraron equipos informáticos -entre ellos una computadora del plan Conectar Igualdad- y una gran cantidad de proyectiles de distintos calibres, y había, además, un arma de fuego y otra de aire comprimido que estaban en una de las casas que luego fueron demolidas por disposición de Domínguez.

Estaban fabricadas con botellas de vidrio –de puré de tomate– con telas en el extremo superior. Además se hallaron varios bidones con líquido inflamable -combustible–, los cuales no solo estaban en las viviendas que construyeron sino también esparcidas en todo el terreno usurpado.

La jueza federal subrogante Silvina Domínguez certificó además quiénes son las personas que residen allí debido a que se encontraron distintos documentos de sus integrantes. Uno de los DNI en en el lugar es el de Matías Santana, conocido como el mapuche de los binoculares, sobre quien ahora pesa un pedido de detención por haber quedado acreditada su pertenencia al grupo.

Santana es esposo de la machi Betiana Colhuan -quien sigue con prisión preventiva domiciliaria–, con quien tiene dos niños pequeños.

La magistrada registró además documentos de Anses donde los integrantes de la agrupación certifican que tienen domicilio en el paraje. Incluso una de las mujeres, que permanece prófuga, redactó una nota en la que aseguraba que tiene domicilio en Villa Mascardi.

Todos los elementos encontrados quedaron registrados en la resolución que rubricó la magistrada, en la que resolvió procesar a las mujeres que siguen alojadas en una ruca mapuche, en el ingreso a la ciudad, y liberar a las dos detenidas que estaban alojadas en el predio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el aeropuerto local.

El informe que elaboró la fuerza menciona también la existencia de conexiones clandestinas de electricidad, a partir de instalaciones precarias que realizaron para abastecer a todas las estructuras, luego de sustraer el suministro de un tendido de media tensión que abastece al poblado ubicado frente al camino de acceso al cerro Tronador, donde funciona una escuela rural, un destacamento policial y varios complejos turísticos, además de viviendas particulares.

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