Argentina condenó al gobierno de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) por la persecución a la Iglesia, pidió la libertad de los presos políticos y reclamó que cese la persecución a la prensa.
El planteo se produjo en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que se llevó a cabo este viernes en la sede del organismo en Washington, y la moción recibió 27 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra, con dos ausencias: las de Colombia y Nicaragua.
La posición argentina generó un enfrentamiento interno ya que el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, faltó a la cita diplomática porque no estaba de acuerdo con la posición de la Cancillería, que cumplía las instrucciones del presidente Alberto Fernández, y en su lugar debió votar María Cecilia Villagra, representante alterna ante la OEA.
Raimundi no le adelantó al ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Santiago Cafiero que iba a cederle su responsabilidad diplomática a Villagra y tomó una decisión unilateral, indicaron desde el Palacio San Martín.
Los cortocircuitos comenzaron cuando el primer mandatario le encomendó a Cafiero que acuerde una posición común con Chile y Perú sobre la resolución que se aprobó finalmente en la OEA, pero el canciller se encontró con la resistencia de Raimundi. Lo que no ocurre por primera vez.
Cafiero ya había marcado la postura del país sobre el tema cuando se conocieron los resultados electorales en Nicaragua y el 8 de noviembre de 2021 tuiteó: “Expreso mi preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.
En la discusión entre el ministro y el embajador intervino Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario para América Latina y el Caribe, con el fin de convencer al exdirigente de la Juventud Radical de cambiar su postura, pero no lo logró.
Finalmente, el ahora diplomático optó por no ir a la reunión del Consejo Permanente y fue reemplazado por Villagra, quien sí se alineó con la postura de su jefe, Cafiero.
San Vicente y Granadina rechazó la condena, se abstuvieron Bolivia, El Salvador, Honduras y México, los dos ausentes fueron Colombia y Nicaragua, que este año renunció a la OEA.
La resolución aprobada:
Condena enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua.
Reitera su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Renueva el ofrecimiento del Consejo Permanente de trabajar con el Gobierno de Nicaragua para que se adhiera a las cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con el derecho internacional.