El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se presentó este lunes en representación del Estado argentino en Ginebra, Suiza, para rendir el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la situación de cada país.
El funcionario realizó un discurso de apertura en el que presentó los principales logros y dificultades que tiene el país en materia de derechos humanos.
Denunció particularmente el “lawfare”, los discursos de odio y la deuda externa contraída por el macrismo como uno de los principales problemas que obstaculizan el cumplimiento pleno de derechos en el país y destacó las políticas públicas llevadas adelante en los últimos años, como el impulso del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, medidas contra la violencia institucional y para garantizar el acceso a la salud y la educación.
“Aunque el gobierno nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo, la persecución judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público”, señaló Pietragalla, al denunciar la persecución judicial a Cristina Fernández y a Milagro Sala y la pérdida de credibilidad del Poder Judicial y de la actual Corte Suprema de Justicia.
En su discurso, que comenzó a las 10.30 en el Palacio de las Naciones, el secretario sostuvo que la pérdida de credibilidad actual del Máximo Tribunal “implica una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”, por lo que solicitó el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos para impulsar reformas e iniciativas de reforma judicial que fortalezcan la independencia y devuelvan legitimidad al Poder Judicial.
En su discurso en el Palacio de las Naciones, sostuvo que la pérdida de credibilidad actual del Máximo Tribunal “implica una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”, por lo que solicitó el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos para impulsar reformas e iniciativas de reforma judicial que fortalezcan la independencia y devuelvan legitimidad al Poder Judicial.