“Ahora es el tiempo de los jueces”, afirmó la oposición sobre el pedido de condena a CFK

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La oposición pidió que se haga justicia en la causa Vialidad tras el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y afirmó que ahora son los jueces los que podrían sentar un precedente judicial para que el país no tolere más corrupción.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter que “no hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos”.

En tanto, el diputado nacional Fernando Iglesias pidió condenar a la expresidenta: “Espero que este juicio a Cristina termine en una condena. Y espero que esa condena sea fundacional para que podamos tener una verdadera República”, apuntó.

Diego Luciani es uno de los fiscales del juicio de la causa Vialidad, que tiene a la vice Cristina Kirchner como principal acusada (Foto: captura YouTube Poder Judicial).
Diego Luciani es uno de los fiscales del juicio de la causa Vialidad.

El exgobernador de Mendoza y actual titular del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio (JxC), Alfredo Cornejo, consideró que los argentinos “solo esperan que se haga justicia”.

En un tuit poco antes del pedido de condenas del fiscal Luciani, Cornejo escribió: “El pedido de Cristina Kirchner para ampliar su indagatoria ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos. La mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y sólo esperan que se haga justicia”.

El diputado Gerardo Milman también se sumó a las reacciones en Twitter. “Los fiscales Luciani y Mola han hecho su trabajo. Ahora es el tiempo de los jueces, quienes no solo decidirán acerca de las personas imputadas sino si la Argentina está dispuesta a no tolerar más corrupción”.

El fiscal Luciani, en su alegato final, consideró que la causa Vialidad “se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para todos los imputados y el decomiso de 1000 millones de dólares.

La dos veces expresidenta fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita, a lo que se le suman los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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