Una trama de irregularidades comienza a destaparse y a encender todas las alarmas internas en la petrolera estatal YPF a raíz de los hallazgos que se produjeron en el marco de la causa por desapoderamiento de los activos de Oil Combustibles, que pasaron de manos en un proceso de quiebra propiciado por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri.
Tal como reveló Ámbito, y a pedido de la jueza federal María Servini, los directivos de la compañía debieron entregar todos los documentos existentes vinculados a la contratación del abogado Marcelo Rufino, cuyo desembarco en la empresa, en 2016, se produjo porr impulso del entonces director -hoy prófugo en Uruguay- Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Al cúmulo de inconsistencias administrativas que se detectaron en el apresurado intento por quedarse con los activos de Oil, la empresa del Grupo Indalo, una vez quebrada y su compra -según se sospecha- a precio vil, se agregó una prueba inquietante: de acuerdo a las constancias remitidas a la justicia, YPF le pagó a Rufino U$S 970 mil por su “asesoramiento” en un litigio internacional que tenía la petrolera.
El problema es que la intervención del abogado allegado a “Pepín” se limitó a un solo informe que se presentó el 23 de agosto de 2016, y le pagaron el contrato completo.