El ex defensor del Pueblo de la Nación opinó que las intermediarias en las operaciones comerciales con Venezuela eran “innecesarias” pero no aportó pruebas contra ningún funcionario argentino.
El ex defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, bajó sensiblemente el tono de su denuncia al declarar el miércoles ante el juez federal Julián Ercolini sobre la venta de maquinaria agrícola a Venezuela.
De todos modos, Mondino dijo que, en su opinión, “la función de las intermediarias era innecesaria” en esas exportaciones de Argentina a Venezuela, aunque no aportó ningún dato ni prueba ni evidencia concreta para avalar el supuesto pago de sobornos.
Como suele suceder con quienes pasan de la política a los Tribunales, puertas adentro de los juzgados, bajo juramento de verdad y con la espada de Damócles del falso testimonio sobre sus cabezas, Mondino eligió la mesura a la hora de dejar asentados sus dichos sobre el tema.
“No”. Esa fue la escueta respuesta que dio cuando el abogado del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, Diego Pirota, le preguntó si tenía alguna prueba “que vinculara a algún funcionario argentino”.
La declaración testimonial, a la que accedió “Gaceta Mercantil”, tiene una extensión de diez páginas durante las cuales refirió que la denuncia sobre irregularidades en las operaciones con Venezuela llegó a la Defensoría que presidía en el 2007 por alguien que dio nombre y domicilio falso, y que nunca más volvió ni pudo ser ubicado.
Luego de un sumario que consta en la causa y en el que no se advierten ilegalidades en la operación, la pesquisa del organismo se cerró en noviembre de 2008, aunque sujeta a la aparición de alguna otra evidencia, según le dijo ahora Mondino al juez.
“Tampoco la reserva era un cierre de la actuación, ni se archivó ni se cerró, se reservó, por si luego aparecía algún otro elemento que hiciera continuar la actuación”, añadió el ex funcionario, ahora vinculado al duhaldismo.
“El hecho denunciado tenía elementos de verdad, existía el convenio, la exportación de maquinaria agrícola y el pago de la comisión a la intermediaria, esos elementos ameritaban continuar con la investigación”, expuso, pero aclaró que no lo denunció en sede penal porque, según admitió, “con la sola indicación de un denunciante no era correcto, debía haber otro elemento más”.
Si hubiese tenido entonces los datos que aportó ahora al caso el ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous, “el expediente se hubiera puesto a disposición de la Justicia con anterioridad en función de los dichos” de este diplomático, apuntó Mondino.
Para el ex ombudsman, la intermediacion de Palmat, que cobró comisiones del 15 por ciento, era “innecesaria” porque la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) cobraba “el 1 por ciento a los exportadores” y era “el verdadero gestor de negocios de esta operatoria”.
El trámite judicial empezó a las 10.30 y todo indicaba que terminaría al mediodia, pero una pregunta del fiscal federal Gerardo Pollicita originó una discusión casi interminable con abogados de Palmat y Uberti.
El fiscal quiso saber si “con posterioridad al cese de sus funciones puede aportar algún dato del que tomara conocimiento a partir de cualquier circunstancia en la que le haya tocado participar relacionadas con empresas, testigos y/o cualquier persona involucrada en la investigación que llevó en el organismo que estuvo a su cargo”.
El archiconocido abogado Fernando Archimbal objetó la pregunta diciendo que Mondino ya la había respondido, por lo que se abrió una discusión que finalizó poco antes de las 15, cuando Ercolini finalmente le dio la razón y terminó el trámite sin esa respuesta.