Antes de que la Legislatura ratifique el acuerdo, 50.000 firmas piden la convocatoria a un plebiscito sobre el proyecto.
Legisladores de la oposición a la gobernadora Fabiana Ríos, del ARI, además de técnicos y ex funcionarios expresaron su rechazo a las maniobras del Ejecutivo provincial para adjudicarle a una empresa china la explotación de un yacimiento de gas metano.
El caso, por el cual miles de fueguinos están firmando la convocotaria a un plebiscito, reunió en las objeciones a la diputada Liliana Fadul, del Partido Federal Fueguino y al legislador Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino, que impulsan una nueva consulta popular por este conflictivo tema.
Actualmente, cuando la Legislatura se prepara para refrendar definitivamente este acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ), la oposición volvió a impulsar una nueva consulta popular.
“Los abajo firmantes solicitamos a los señores Legisladores que no aprueben el convenio suscripto por la gobernadora de la provincia con la empresa TDFEyQ, con fecha 22 del 9 de 2010 y someta el mismo a consulta popular a efectos que el pueblo opine sobre la decisión más adecuada a adoptar por sus representantes”, expresa el encabezado de los formularios.
Esta nueva consulta generó aún más adhesiones por parte de los ciudadanos que la primera ya que en Ushuaia, solamente, llevan juntadas más de 50 mil firmas.
El Legislador Manuel Raimbault (ARI disidente) anunció el 30 de septiembre que, junto a sus pares del oficialismo disidente, consideraron la necesidad de que se haga un plebiscito para que la sociedad decida si el Legislativo debe ratificar o no el acuerdo para la venta e industrialización del gas de regalías, que el Gobierno firmó con la empresa de capitales chinos TFEyQ.
Según los especialistas del mercado, el precio establecido para la venta de ese gas es de 1,80 dólares por millón de BTU, cuando el precio internacional es de 5 dólares por millón de BTU.
Fadul declaró que el Gobierno de Ríos “pretende vender el gas natural a 1,80 de dólar el millón de BTU y el Secretario de Energía dijo que la Argentina había pagado 5,80 dólares en 2009, y este año 7,28 dólares”.
Fadul sostuvo que este convenio con TDFEyQ es un negocio “absolutamente inconveniente” para los intereses de la provincia.
El ingeniero Oscar Suárez, un ex funcionario que fue echado por cuestionar el acuerdo, afirmó que se trata de un “negociado” y una “potencial estafa” porque el acuerdo tal como se lo suscribió no es viable para la provincia.
Suárez era el representante de la provincia en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y fue removido al cuestionar técnicamente las negociaciones en materia de hidrocarburos. “No tenemos recursos para cumplir el objeto del contrato. Hoy lo que tenemos declarado siguen siendo diez u once años de reservas y seguimos con un contrato a 25 años. No podemos ofrecer más de lo que tenemos y me parece desprolijo”, comentó.
También dice que a los chinos les interesa el negocio porque con este acuerdo pueden comprarle el gas al Estado provincial a 1,80 dólares cuando a las empresas productoras deberían pagárselo 2,40 dólares.
En defensa del proyecto, la propia gobernadora afirmó: “Le vendemos el gas nosotros o se lo venden las empresas ¿Se lo vendieron las empresas? No. A los chinos les interesa comprarle al estado provincial a $ 1.80 porque las empresas se lo venden a $ 2.40”.
Otro cuestionamiento señala que durante los 24 meses de construcción de la planta industrial, la empresa china recibirá gas de parte de la provincia a un precio muy menor al internacional de mercado, lo que abriría la posibilidad de que sea vendido al exterior con una ganancia que capitalizaría la propia empresa china.
En 2008, Ríos había firmado un acuerdo con la empresa de capitales chinos TDFEyQ para la construcción de una planta industrial de metanol en la ciudad Río Grande, la que luego se decidió que sería para producir Urea granulada, un fertilizante muy utilizado para la producción de soja.
El gobierno provincial decidió realizar para eso una contratación directa con esta empresa de capitales chinos. El acuerdo, un convenio de venta directa, implicaba que el Estado provincial le vendería gas de regalías a la empresa contratada, la que durante dos años, mientras dure la construcción de la central, podría disponer del gas sin especificar su uso, lo que hace sospechar de una maniobra para sacar de la Argentina, operación que está prohibida en el país.
La Legislatura aprobó el acuerdo (Ley 774), pero la Suprema Corte fueguina rechazó el acuerdo con los chinos y obligó al gobierno provincial a realizar un llamado a licitación.
El fallo que declaró la inconstitucionalidad de esa norma decía que la ley se contraponía con el artículo 105 que prohíbe al Poder Legislativo “… la sanción de leyes que impliquen directa o indirectamente el establecimiento de privilegios” y que se contrapone con el derecho constitucional de “igualdad ante la ley”.
Además, señaló que incumplía “el principio de publicidad de actos de gobiernos (artículo 8) y que violaba el artículo 74, el que dispone que las contrataciones del Estado provincial deben realizarse “mediante un procedimiento de selección, y una previa, amplia y documentada difusión”.
A la licitación sólo se presentó una empresa: Tierra del Fuego Energía y Química S.A., la de los capitales chinos.
La gobernadora Fabiana Ríos defiende la medida con el argumento de que Tierra del Fuego pasaría de provincia productora/vendedora de gas a industrializar ese gas y convertirse en un polo petroquímico.