Mientras Rafael Correa insiste en que hubo un intento de golpe, medio centenar de policías fueron detenidos por su presunta participación en la asonada.
Las detenciones se suman a las del dirigente Fidel Araujo, de la opositora Sociedad Patriótica -que lidera el ex presidente (2003-05) Lucio Gutiérrez-, y el pedido de captura de otro hombre de esa fuerza, Pablo Guerrero, mientras el presidente Rafael Correa llamó a “depurar” la Policía Nacional.
Araujo, detenido ayer, negó haber dirigido las protestas y aseguró que asistió al cuartel policial donde se inició la sublevación como “un ciudadano” que rechazaba una decisión “democráticamente”.
Los agentes también buscaron a Guerrero, ex abogado del ex coronel Lucio Gutiérrez, pero no lo encontraron ni en su casa ni en su oficina.
Se busca, además, a otros 246 policías por el mismo hecho, cuya defensa está a cargo de Patricio Armijos, quien denunció que “se trata de una persecución salvaje”.
Aunque se trata de las primeras medidas dispuestas por la justicia, Correa ya dio una idea de lo que puede ocurrir, al considerar que “hay que depurar la Policía, porque hay un núcleo duro que hará cualquier cosa para seguir mandando en el país y hacer lo que se les da la gana”.
“Tenemos que sancionarlos con toda la firmeza de la ley; se intentó atentar contra la seguridad de los funcionarios, empezando por el presidente”, añadió el mandatario, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
El Ejecutivo continuará tomando medidas y correctivos tras el levantamiento policial porque “la crisis aún no ha terminado”, según indicó el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien estimó que el estado de excepción que rige en el país hasta el viernes podría extenderse todavía más.
El ministro indicó que era difícil conocer lo que estaba pasando en la Policía, porque sus mandos de inteligencia “nunca informaron al Gobierno que existía un proceso organizado de sublevación de la tropa”.
Correa ratificó además que no planea disolver la Asamblea Nacional (parlamento) aunque señaló que esa medida “sigue siendo una opción”.
Según el sitio de internet del diario El Comercio, Correa había contemplado la posibilidad de la llamada “muerte cruzada”, una atribución constitucional que le permite cerrar el Congreso y legislar por decreto hasta que lleven a cabo nuevas elecciones.
“No vemos en lo inmediato necesidad de ninguna ‘muerte cruzada’, pero tampoco es que podemos excluirla”, afirmó Correa ante corresponsales extranjeros.