Les imputan la “apropiación ilícita” de Papel Prensa en 1977. Para los abogados de Clarín y La Nación es una aberración “moral y jurídica”. Entiende el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, a cargo del “circuito Camps”.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió el llamado a indagatoria de Jorge Videla, José Martínez de Hoz, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, entre otros involucrados en una querella que presentó ante el Juzgado Federal 3 de La Plata, que conduce el juez Arnaldo Corazza, por la “apropiación ilícita” de Papel Prensa durante la última dictadura militar.
En nombre del Poder Ejecutivo Nacional, el querellante solicitó también que “oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento” de los imputados.
La reacción de Clarín y La Nación, los accionistas privados de Papel Prensa, fue inmediata. “Pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico” , manifestaron en un comunicado.
“La falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes” , agregaron.
Duhalde presentó la querella con el patrocinio del secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, pero la misma también será patrocinada por el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, “quien por hallarse ausente del país no la suscribe y la ratificará posteriormente”, se explica en el extenso escrito.
“El Poder Ejecutivo Nacional -al que esta Secretaría representa- entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por el derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos”, señala el texto presentado a tres semanas del informe oficial del Gobierno sobre Papel Prensa.
La presentación pide que se investiguen hechos “que constituyen delitos de lesa humanidad” y señala además que también es objeto de esta acción “alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas”.
Con extensa fundamentación que invoca prescripciones de la Constitución Nacional, las declaraciones Americana y Universal de los Derechos Humanos, y hasta convenciones y pactos internacionales, la querella “por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A.” se remite también al Código Procesal Penal de la Nación.
Según el escrito, esa apropiación se concretó meses después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 “mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita”.
De esos actos resultaron víctimas, según señala el escrito, Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul.
Tales hechos, y “las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (…) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles”, sostuvo Duhalde.
El escrito comprende siete títulos, el último de los cuales, “Petitorio”, solicita al juez federal que “tenga por presentada esta querella”, formula la reserva del caso federal y pide que se faculte a los letrados querellantes “a presenciar las declaraciones de los testigos y formular, en su caso, los interrogatorios pertinentes”.
También pide la indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.
En este ultimo punto se hace “la salvedad de no poseer a la fecha datos fehacientes sobre si todos los imputados están vivos” actualmente y solicita además que “oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento”.
A lo largo de unas 200 páginas, el escrito aborda la legitimación de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, así como antecedentes y hechos en los que se fundamenta, incluidos numerosos comunicados de la Junta dictatorial.
También despliega hechos, testimonios y argumentos respecto del “Estado terrorista y su faz clandestina”, quiénes fueron “los grandes beneficiarios” civiles y el papel de “los grandes medios de prensa asociados con la dictadura”, como alude a los diarios Clarín y La Nación, que pasaron a ser accionistas de Papel Prensa.
En contraste, alude también a “persecuciones a la prensa desafecta o independiente” y a los periodistas detenidos-desaparecidos y asesinados entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de marzo de 1977.
Además, argumenta en torno de “la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor -terror- fundado”, para afirmar que “por medio de intimidación y amenazas se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”, con una intermediaria.
En la querella, Duhalde sostiene que “aquellas acciones fueron concertadas por los directivos de las empresas junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto”.