Un tribunal oral federal de Río Gallegos envía a dos de sus tres integrantes a la capital bonaerense porque allí no dan abasto con las causas que atienden. Una situación de “emergencia” y una solución “argentina”.
Son miles de kilómetros, horas de viaje y climas marcadamente diferentes, pero a los jueces del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos no parece importarles mucho. Los llamaron para apagar un incendio y el ring sonó desde la propia Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal del país. Prácticamente imposible decir que no.
Dos de los tres miembros del único Tribunal Oral Federal de los pagos K están haciendo las valijas por estos días: sucede que desde el primer día de octubre hasta el 31 de diciembre, por lo menos, van a instalar sus petates en La Plata para ocuparse de las causas urgentes con detenidos que arrastran sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de esa ciudad, abocado a resonantes causas por delitos de lesa humanidad que casi no les dejan un resquicio libre en la agenda.
Para que se entienda: los jueces de la provincia del matrimonio presidencial llegarán a la capital bonaenrese para colaborar con un fuero dedicado a juzgar a funcionarios pùblicos, narcotraficantes y delincuentes de lesa humanidad.
Se trata de una medida de carácter “excepcional”, según remarcó el plenario de Casación al emitir la resolución a la que accedió Gaceta Mercantil. Y que responde a la “sobrecarga de trabajos y la falta de jueces”.
Como si esto fuera poco se convocó a un magistrado jubilado, Héctor Acuña, para convertirse en el tercer miembro del tribunal formado de urgencia ante los pedidos de auxilio de los platenses Alberto Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela, conocidos entre otras causas por la condena al represor Miguel Etchecolatz, juicio durante el cual desapareció hace exactamente cuatro años el testigo clave Julio López.
El tribunal platense “padece una sobrecarga de tareas en atención al cúmulo de causas allí existentes”, a lo que se suma la cantidad de tribunales en todo el país que carecen de jueces naturales, explica el dictámen.
Cuadro de “emergencia” que derivó en consultas entre Casación y la Corte Suprema para “evaluar de mejor forma y ante este extraordinario contexto una alternativa posible para activar la tramitación de los expedientes demorados, juzgar a sus imputados en un plazo razonable y brindar una adecuada y pronta respuesta a las víctimas y a la sociedad en aras de una apropiada administración de justicia”.
Las dos cabezas máximas del Poder Judicial nacional hicieron un relevamiento en todo el país y determinaron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz es uno de los más aliviados a nivel laboral, con menos procesos anuales, y por eso mientras dure esta “excepcional” situación puede quedarse con un solo juez a cargo. No es momento para recordarles a los dos magistrados sureños que la excepción es la regla en la Argentina.
De esta manera los jueces del TOF de Santa Cruz Mario Gabriel Reynaldi y Joaquín Carlos Ruggero comenzarán a ocuparse en breve de un largo listado de causas demoradas en llegar a juicio oral, en muchos casos con detenidos a la espera de terminar su “situación de incertidumbre”, y de las cuales acaba de desligarse a los jueces platenses.