El Gobierno incumplió con un pago de 4.000 millones de pesos que había prometido Alberto F. y que estaba pendiente desde 2021. Preocupación por la negociación 2022.
Mientras celebraba el principio de acuerdo con el FMI, una inesperada cesación de pagos alteró los planes de la CGT. Fue en el pago comprometido por el Gobierno de $ 4.000 millones a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extra en pandemia por servicios a sus afiliados discapacitados. El monto era el saldo de un aporte extraordinario total de 11.400 millones de pesos por ese concepto que comenzó a liquidarse el año pasado y cuya finalización estaba prometida para enero, aunque en el Ejecutivo confirmaron que los fondos restantes de momento no se distribuirán.
La deuda impaga escaló al tope de las preocupaciones de la CGT y el reclamo llegó a Alberto Fernández vía Héctor Daer, el miembro del triunvirato de conducción con mayor cercanía al Presidente. La crisis política derivada de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos, sin embargo, rezagó el planteo entre las prioridades del Gobierno. En la central obrera dudan entre asignarle el “default” a Economía (un área con la que la cúpula gremial comenzaba a tejer un vínculo privilegiado), al kirchnerismo (con el que la inquina es mutua) o simplemente a una negligencia de los funcionarios encargados de ejecutar el pago.
El aporte extraordinario fue ideado al calor de la pandemia, comenzó a discutirse a principios del año pasado y quedó resuelto en mayo durante un almuerzo entre el jefe de Estado y la “mesa chica” de la CGT. Fue la primera oportunidad en la historia del sistema solidario de salud (como se conoce en el rubro a las obras sociales) en que un Estado comprometió desembolsos directos del Tesoro nacional a favor de las prestadoras sindicales. El acuerdo fue por un total de 11.400 millones de pesos.