En la Justicia hay expedientes para todos los gustos, desde denuncias por lesiones y “coacción agravada” a contradenuncias sobre vinculación de Magnetto y Mitre con “delitos de lesa humanidad”.
Más allá de la causa madre por el conflicto de Papel Prensa, mudada a La Plata por obra y gracia de la Justicia federal porteña, en los tribunales federales de Retiro siguen candentes las causas por denuncias cruzadas relativas al sainete Gobierno vs. Directorio privado de la empresa, que incluyen piñas, sillas voladoras, guantes de box y grabadores escondidos, para configurar y probar delitos que van desde las simples lesiones a las más seria “coacción agravada”.
Vale un repaso actualizado. ¿La que más preocupa al Gobierno? La que investiga el fiscal federal Guillermo Marijuán por la presencia del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en una asamblea de accionistas del 12 de agosto pasado, munido de guantes de box y casco.
Pero el eje de la cuestión no pasa por esos adminículos sino por lo ocurrido cuando el iracundo funcionario vociferó un “Acá no se vota” e intimó a las mujeres a dirigirse al fondo del salón para quedarse mano a mano con los hombres, representantes todos de los accionistas privados.
“Sentí miedo”, le dijo ayer al fiscal el presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, primer testigo en declarar del extenso listado previsto desde que se imputó a Moreno por supuesta “coacción agravada”, un delito no excarcelable que prevé penas de cinco a diez años de prisión, más “privación de la libertad agravada”.
La pesquisa está a cargo del juez federal Julián Ercolini, pero el magistrado delegó la investigación en Marijuán y para los próximos días se espera el desfile como testigos de todos los asistentes a esa asamblea.
Una que tendrá que esperar es la representante del Estado en el directorio, Beatriz Paglieri. Ayer llegó puntual a la cita, pero se quedó plantada una hora y media frente a la puerta de Marijuán en el quinto piso de Comodoro Py 2002, hasta que un empleado de la fiscalía la invitó a retirarse, prometiéndole que sería citada otro día.
Antes había entrado Maquieira y su trámite se prolongó durante cuatro horas, no por su culpa exclusiva sino en gran parte por la minuciosidad e insistencia que puso en preguntar cada detalle de la reunión el abogado defensor de Moreno, Alejandro Rua, conocido por haber sido titular de la hoy olvidada Unidad Especial de Seguimiento de la causa AMIA del ministerio de Justicia, función que cumplió desde poco antes del fin del gobierno de la Alianza hasta febrero de 2006, cuando renunció enojado y con críticas al entonces ministro del área Alberto Iribarne.
En el mismo piso tribunalicio, un colega de Marijuán, Luis Comparatore, evita por ahora resolver si corresponde impulsar una denuncia contra Moreno en una causa iniciada por el CEO de Clarin, Hector Magnetto, y el director de La Nacion, Bartolomé Mitre, por “abuso de poder” en el directorio de Papel Prensa.
Deseoso tal vez de encontrar un resquicio en base al cual desprenderse del caso que tiene como juez a Marcelo Martinez Di Giorgi, el fiscal eligió primero “certificar”, es decir, revisar si existen otras denuncias similares previas en algún otro juzgado del fuero para “despejar eventuales conexidades”.
Se trata de un intento por remitir esta causa que le cayó en gracia a algún otro colega ya beneficiado por la seguidilla de denuncias de la guerra Gobierno-Clarín.
Mientras tanto, y aún evitando dictaminar, Marijuán requirió al magistrado que pida a la Secretaría de Comercio la resolucion 126/10, donde según la denuncia se habria instruído de manera irregular a los directores estatales de Papel Prensa S.A. sobre la actitud a tomar con la información que se manejaba en la empresa.
Al menos esto sostuvieron Magnetto y Mitre en la denuncia. Y en esta causa y sin que nadie lo llame todavía, Moreno tocó por las dudas el timbre en el despacho de Martinez de Giorgi, aquien le dejó un escrito espontaneo donde acusó a sus acusadores de haber tenido vinculación con “delitos de lesa humanidad” en la última dictadura a raíz del traspaso de Papel Prensa.
Es la justificación al dictado de su resolución, en la que dio instrucciones para el inicio del informe finalmente presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes pasado.
En su denuncia de julio último, ambos empresarios periodísticos se habían anticipado al relacionar lo que ocurría en la empresa fabricante de papel con la intención del Gobierno de involucrarlos “en un supuesto hecho delictivo relacionado con la adquisición de las acciones de la empresa”.
Estas son sin duda las dos causas que preocupan en lo personal al funcionario, y en las que su defensa ya comenzó a moverse de manera silenciosa porque podrían traerle eventuales dolores de cabeza.
Ya casi para el folklore tribunalicio parecen estar destinadas a quedar otras dos querellas iniciadas en el marco del conflicto: la del famoso sillazo y piña entre Moreno y el abogado José María Soaje Pinto en una audiencia en la Sindicatura General de la Nación, a la cual el letrado había llegado acompañando al Gerente de Finanzas de Papel Prensa, Carlos Aguirre.
Para el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, lo claro es que el abogado no debía estar presente en esa audiencia porque se trataba de una declaración testimonial en una investigación sobre hechos ocurridos tres décadas atrás, durante la construcción de la planta en la localidad bonaerense de San Pedro.
Más allá del tono iracundo o no del diálogo mantenido entre ambos y las agresiones, parece que la causa está destinada a terminar con algún cargo leve hacia Soaje Pinto. Y algo parecido ocurriría en sentido inverso con aquella denuncia por el hallazgo de un grabador atado con cinta debajo del escritorio del titular de la SIGEN, Daniel Reposo, antes del inicio de otra audiencia por Papel Prensa.
El fiscal federal Carlos Rívolo aún no dictaminó si corresponde iniciar una investigación y de manera preliminar mandó desgrabar la cinta del grabador secuestrado para ver si puede haber algún delito registrado en su contenido.
Desde ya, tanto en esa fiscalía como en el juzgado de Norberto Oyarbide a cargo del caso advierten que no está claro qué delito pudo cometerse porque la audiencia en cuestión era de carácter público y técnicamente “grabar una conversación no es delito”.