Dieron asilo a exfuncionaria de Rafael Correa condenada por corrupción

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El gobierno de Alberto Fernández le concederá asilo diplomático a la exfuncionaria ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes, condenada en su país a ocho años de prisión por hechos de corrupción bajo el gobierno de Rafael Correa.

Desde el 12 de agosto de 2020, Duarte Pesantes se encuentra alojada en la embajada argentina en Quito en carácter de huésped por razones humanitarias, junto a su hijo, menor de edad, de padre argentino, uno de los motivos que pesaron para que el Gobierno oficializara la decisión.

La Cancillería envió el pasado jueves una notificación formal a la embajada de Ecuador en Buenos Aires para notificar la resolución dictada. que habilita el derecho internacional, en la que advierte que el Relator Especial de la ONU “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales”.

Duarte Pesantes se desempeñó como ministra de Transporte y Obras Públicas, y también de Vivienda, bajo la gestión de Correa. Fue procesada y condenada en abril de 2020 por el delito de cohecho en el marco del caso caratulado como “Sobornos”, en el que también resultó condenado el expresidente ecuatoriano.

Se investigaron supuestos actos de corrupción y financiamiento ilegal del movimiento “Alianza PAIS” entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de multinacionales que intervinieron en diversas licitaciones.

A pesar de la preocupación de la administración de Lenín Moreno y de los cuestionamientos de la actual de Guillermo Lasso, la exministra con prisión domiciliaria y tobillera electrónica comenzará a gozar del beneficio del asilo.

Tanto Bélgica como México llevan adelante casos similares. El propio Correa reside en Bruselas, desde 2017, también con asilo.

Son siete los exfuncionarios de su gestión refugiados en México: Fernando Alvarado, secretario de comunicación del gobierno de Correa; Galo Mora, secretario de la administración; Viviana BonillaGabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, asambleístas; Ricardo Patiño, canciller y Edwin Jarrín, miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador.

Fuentes oficiales aseguraron a NA que la Argentina “procede con apego al Derecho internacional y su disposición a recurrir a los medios de solución de controversias disponibles en ese orden jurídico”, y además, “manifiesta su voluntad de preservar el excelente nivel de las relaciones bilaterales con la República de Ecuador”. 

El asilo diplomático fue otorgado en base a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los países latinoamericanos adhirieron el 28 de marzo de 1954, salvo Perú, que lo hizo el 22 de enero de 1960, y el acuerdo entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954.

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