Guerra Gobierno-Clarín: Estado pide suspendan obras de Ayuí Grande

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El Estado nacional pidió a la Justicia, con el auspicio de la Procuración del Tesoro, que detenga el proyecto arrocero en Corrientes de José Aranda, del Grupo Clarín.

El pedido fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento empresarial privado denominado “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, en la provincia de Corrientes.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación como órgano director del Cuerpo de Abogados del Estado, hizo el planteo en base a un informe elaborado por la Gendarmería Nacional, que da cuenta de la proximidad del inicio de las obras.

El informe de la Fuerza de Seguridad señala que se encuentra en trámite el procedimiento de licitación, al cabo del cual, tendrán comienzo los trabajos, según informa hoy un comunicado de la Procuración del Tesoro.

Esta presentación del Estado Nacional se suma a otros ya presentados ante el máximo Tribunal, en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975.

Esta causa judicial se inició con una acción de amparo promovida por el Estado Nacional contra la provincia de Corrientes, tendiente a que ésta presentara los informes técnicos y antecedentes necesarios para que los organismos nacionales competentes pudieran evaluar el impacto que el proyecto tendría sobre el medio ambiente, sin embargo esa información aún no ha sido brindada.

El “Proyecto Productivo Ayuí Grande” es un emprendimiento en la localidad correntina de Mercedes que prevé la inundación de ocho mil hectáreas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá cuyo objetivo sería el riego de 77 mil hectáreas donde se cultiva arroz y otros granos.

La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).

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