Todo sea por el poder

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El exabrupto de Hebe de Bonafini llamando a “tomar” el Palacio de Tribunales para que los jueces de la Corte Suprema de Justicia aprueben la aplicación inmediata de la Ley de Medios Audiovisuales, era previsible, esperable y, por ende, buscado.

Pero el tema no es la fogosidad de Hebe de Bonafini, cuya radicalidad es tan reconocida como el mérito de su lucha, sino la decisión política de que ella y no otra persona cerrara el acto. Aplicando cualquier texto de semiología básica se concluye que un orador de cierre, rodeado por funcionarios y legisladores del oficialismo, transmite la palabra oficial.

La marcha se había programado antes de que las relaciones entre el gobierno y la Corte se tensaran, pero fue ratificada en los últimos días y se movió el aparato de la militancia en consecuencia.

¿Hubieran hecho esta manifestación si los votos en el máximo Tribunal estuviesen siquiera cerca de la mayoría para aprobar la aplicación inmediata de la Ley de Medios Audiovisuales?

La respuesta es no, porque al gobierno le interesa demasiado la entrada en vigencia del artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales, a partir de la cual las empresas consideradas monopólicas, verbigracia, Clarín, tienen un año para vender los medios que les sobren.

¿Pensarán Néstor y Cristina Kirchner que los jueces van a cambiar su voto porque la presidenta de Madres de Plaza de Mayo los trate de “turros” y los acuse de “recibir sobres con plata”?

Otra vez, la respuesta es no. Los ministros de la Corte han demostrado poseer cintura política y al matrimonio presidencial no se le escapa ese detalle.

¿Por qué lo hacen entonces? Veamos.

Está claro que la marcha por las calles del esquivo distrito porteño, con carteles y cánticos demonizando a adversarios, a ex aliados que plantearon reparos, a periodistas, a medios, todos embadurnados con el lodo oscuro e injustamente igualador de “la oposición”, no cambiará ninguna de las cabezas de los jueces de la Corte.

La idea será, entonces, consolidar el discurso para con los convencidos. Victimizar la gestión de Gobierno frente a los malos de turno, hoy la Corte. Aunque, claro, los dubitativos, aquellos que quieren la Ley de Medios pero tienden a mirar las formas, tal vez se sientan un paso más afuera.

El objetivo de fondo es el de siempre, el poder. Néstor o Cristina, termine quien termine como candidato a presidente, harán todo lo necesario para retener el poder. Si lo consiguen, con cuatro años más por delante, lo que resuelva o no la Corte respecto del artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales se mirará con otro prisma.

Por eso, porque el objetivo es el poder, es que se puede decir hoy todo lo contrario de lo que se decía ayer. El fin, parafraseando a Maquiavelo, lo justifica todo.

Cuando llevaba menos de un mes en el gobierno, Néstor Kirchner tomó una de las decisiones más destacables de su gestión: la conformación de una Corte Suprema de Justicia independiente en reemplazo de un tribunal donde mandaba la mayoría automática heredada del menemismo.

Hubo presiones tal vez poco elegantes para desalojar a los cortesanos menemistas, encabezados por Julio Nazareno, pero se equilibraban la falta de buenos modos -que ya por entonces eran frecuentes, pero tolerados- con el anuncio de un mecanismo transparente de designación de magistrados.

El 20 de junio de 2003 Kirchner firmó un decreto que estableció el mecanismo de audiencias públicas con la participación de organizaciones sociales para analizar los candidatos a ministros de la Corte propuestos por el Poder Ejecutivo.

De este modo, a los eternos derrotados de aquellos años aciagos para la Justicia, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, a quienes en tiempos de Eduardo Duhalde se sumó Juan Carlos Maqueda, la gestión kirchnerista sumó en un procedimiento encomiable a Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.

“No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, dijo Kirchner al presentar el decreto, y recolectó el elogio hasta de Elisa Carrió.

Entre estas palabras y las que pronunció ayer Hebe de Bonafini hay un abismo. Aquellos jueces probos, cuya designación fue aplaudida por propios y extraños, pasaron a la categoría de “turros” y corruptos. Todo sea por el poder.

* Editor General de Gaceta Mercantil

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