Alicia Kirchner, Julio De Vido y hasta el titular del organismo encargado de cumplir con esta sentencia de la Corte, dejaron plantado al juez de Quilmes que los convocó. La actitud causó indignación.

El juez federal de Quilmes Luis Armella no pudo evitar un gesto de contrariedad. La sala de audiencias cedida por la Corte Suprema en el Palacio de Justicia estaba colmada, pero miraba los rostros de los presentes y no encontraba a nadie conocido, ninguno de los funcionarios de primera línea citados para debatir un tema candente: cómo urbanizar las villas de emergencia de las márgenes del Riachuelo, con casi 18 mil familias pobres en condiciones de extremo riesgo por la contaminación ambiental.

Desde el juzgado se había convocado a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al ministro de Planificacion, Julio De Vido, pero ambos faltaron.

Ni siquiera acudió Homero Bibiloni, el funcionario a cargo de ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, directa responsable de cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el lugar y dar condiciones de vida digna a sus habitantes. Los tres enviaron técnicos y asesores.

El primer reto llegó para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “No sirve la acción aislada, por eso exhorto al Gobierno de la Ciudad a un mayor compromiso y trabajo en conjunto con el resto de los involucrados porque lo que está en juego es la dignidad del ser humano. Esta es una gran oportunidad para dar soluciones concretas”, advirtió Armella, quien antes había recordado que si no se cumplen los objetivos, podrá multar a cada funcionario que considere responsable con un porcentaje directo de su sueldo.

De hecho, los murmullos de decenas de técnicos y asesores apuntaron a esa cuestión a la hora de entender la ausencia de Bibiloni: su posible enojo porque el 31 de agosto pasado el juez lo multó de manera personal con el pago de 4.000 pesos por día por el incumplimiento de los objetivos.