Nada nuevo: sigue la lucha descarnada por el poder (pero algunas lecturas no están nada mal)

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Los columnistas dominicales no sorprenden. La sorpresa viene por algunos datos de la política, que igual parece atascada en un limbo del que sólo la osadía del matrimonio presidencial -para otros es desesperación- nos saca con violencia.

Nada ha cambiado en la última semana y, probablemente, nada cambie en el futuro en la Argentina porque la disputa por el poder es descarnada y ya casi nadie oculta el juego, más allá de los posicionamientos y resposicionamientos políticos que se dan en un minué que recién comienza. En este contexto, y con los principales medios convertidos en antagonistas políticos del Gobierno, nos queda dar cuenta de qué dice cada uno -y a veces qué calla- para intentar un anticipo de lo que vendrá.

Antes de introducirnos en un mar de diarios, el dato político que surge del fin de semana se vincula con la interna de la Unión Cívica Radical (UCR). Esta semana daremos detalles de esta cuestión, pero se deslizó la la posibilidad de que el presidente del partido, Ernesto Sanz, sea el tercer candidato en una primaria radical.   

Ahora sí, “El conflicto y el poder” se titula la nota del secretario general de Redacción del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, quien afirma que la estrategia del Gobierno se basa en una teoría de Chantall Mouffe, una intelectual belga casada con el sociólogo argentino Ernesto Laclau, ambos muy escuchados en Olivos (Laclau viene seguido a Buenos Aires y no hace mucho presentó un libro muy interesante sobre el populismo).

La teoría, afirma Kirschbaum, indica que “la construcción política debe basarse en alternativas agonistas para definir al adversario, juntar fuerzas con otros sectores afines aunque no iguales, para provocar el conflicto. Es el camino, sostiene Mouffe, para atacar intereses que sería imposible de materializar si se busca el consenso. Este, simplificamos, esteriliza el conflicto y pasteuriza el cambio. Los acuerdos democráticos son, entonces, bomberos apagando los fuegos revolucionarios”. Y concluye en que esa política “necesita del antagonismo para existir y no tiene otra lógica que el triunfo o la derrota porque esa es la naturaleza del conflicto. En esa lógica, se entiende el objetivo descripto por Carlos Zannini de ir por todo el poder en 2011 para imponer la hegemonía y reformatear la democracia”.

En efecto, Zannini dijo lo que dicen que dijo. Y algo más: que sea como sea, ya nadie ni nada será igual en la Argentina post 2011.

Eduardo Van der Kooy, el editorialista de Clarín, dedica su panorama político a refutar las acusaciones del Gobierno y a reivindicar al Grupo.

“La presencia de Papaleo en la carpa kirchnerista estaría desnudando muchas cosas, amén de su condición de fabulador clave en la historia del Gobierno sobre Papel Prensa. Marcaría también el punto de degradación política al que se avecina una corriente que pregonó en su amanecer la renovación y navegó, sin destino, en cauces de la transversalidad y la concertación. Denunciaría, además, la ausencia de escrúpulos de los Kirchner y su incapacidad ideológica y política para soltar amarras con la infausta década de los ’70.

“El ex secretario de medios (Papaleo) practicó entonces (en los ’70) una implacable censura. La redacción de Clarín –es bueno recordarlo– fue virtualmente intervenida por un delegado de José Ber Gelbard, ministro de Economía”, subraya Van der Kooy. 

(Algo extraño: el editorialista advierte el anacronismo industrial que supone meterse con el papel de diario cuando en el mundo las nuevas tecnologías avanzan y los rotativos comienzan a desaparecer. Con defensas así, Magnetto no debe estar muy contento).

También compara Van der Kooy la relación de los Kirchner con el pasado con las de Lula Da Silva, Michelle Bachelet y Pepe Mujica frente a sus respectivas dictaduras. Y afirma que “ninguno de esos países están atrapados, como la Argentina de los Kirchner, por la trama de la historia de esos años”. Cada país elabora como puede su pasado, podríamos contestarle al editorialista. O no, como parece ser el caso.

Respecto de la reglamentación de la Ley de Medios, destaca que “el Gobierno reglamentó la ley de medios mientras subsisten cuatro medidas cautelares irresueltas”. Y advierte que “el artículo 50 plantea la posibilidad de la confiscación de los medios privados. Los artículos 62, 63 y 65 describen la capacidad de fiscalización del Gobierno sobre los contenidos en canales del interior. En los horarios de mayor audiencia se regularán esos contenidos. El artículo 45 obliga a los operadores de TV por cable a incluir señales de noticias oficiales. Para las redes oficiales no figura ningún tipo de limitación. Hay hechos que suceden y que no se vuelcan sobre ningún papel: el COMFER habilitó un blanqueo de radios clandestinas. Bajo ese camuflaje se habrían inscripto propietarios que ni disponen de una emisora, pero están vinculados al kirchnerismo.”

Joaquín Morales Solá, por su parte, centra su análisis en La Nación en las supuestas tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Medios. Bajo el título “Un nuevo conflicto de poderes en puerta”, el analista da cuenta de las presiones sobre los ministros del máximo tribunal (Clarín también lo hizo, pero tangencialmente) y anota a Eugenio Zaffaroni como el único alineado con los intereses de la Casa Rosada en este tema.

También en La Nación, Mariano Obarrio advierte que “El gobierno redoblará los ataques a la prensa y a la Corte”, y señala que “el oficialismo teme que el alto tribunal mantenga la suspensión de la Ley de Medios”.

El periodista afirma, citando a fuentes cercanas al ex presidente Néstor Kirchner, que éste dijo en Olivos que “este combate es a fondo porque está en juego quién tendrá el poder”. Y agregó: “O gobierna la política o las corporaciones, como Clarín”.

En Página/12, Horacio Verbistky atiende a la oposición con cierta lucidez. “Los constitucionalistas Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica Libertadora, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, Gustavo Ferrari y Graciela Camaño, del Peornismo opositor, sostuvieron que el proyecto del Poder Ejecutivo era inconstitucional, porque el artículo 32 dispone que ‘el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal'”.

Según el columnista, “invocaron además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que veda restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como el abuso de controles sobre el papel para diarios. Es difícil compaginar estas objeciones con el proyecto oficial, cuyo objetivo declarado es asegurar un acceso al insumo crítico en condiciones igualitarias de precio, con control del Congreso, donde el gobierno está en minoría, y con asesoramiento de los diarios interesados. La Convención Americana no sólo fustiga el abuso de controles estatales sobre el papel para periódicos, sino también por parte de particulares, es decir la situación que el Estado denuncia ahora”.

Además, añade, “el principio 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión sostiene que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

Verbitsky desnuda que la visión de la oposición sobre la libertad de expresión es, cuanto menos, reducida. Y cita extensamente a la Suprema Corte de los Estados Unidos cuando, en una situación política particular, al final de la Administración Nixon, aceptó que grupos de medios se vieron exceptuados de regirse por la Ley Antimonopolios en casos muy particulares. Muy interesante, y documentada, la mirada de Verbitsky sobre el tema.

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