La compañía había apelado un embargo y el magistrado había pedido un cruce de llamados de De Vido con los principales implicados.
Mucha agua pasó bajo el puente, muchos otros escándalos y el primer cimbronazo que ligó al actual gobierno a un caso de corrupción millonario pareció quedar en el olvido.
Pero Gaceta Mercantil tuvo acceso a una flamante resolución de la sala I de la Cámara Federal porteña que ratifica un embargo por poco más de 17 millones de pesos contra la filial argentina de la empresa. E intima al juez del caso, Norberto Oyarbide, a resolver de manera “urgente” situaciones procesales y a avanzar con una pericia contable clave en el caso para establecer de cuánto fueron los supuestos sobreprecios pagados para la ampliación del Gasoducto Norte (TGN), el eje del escándalo que llegó a su punto álgido en 2007, con el despido de funcionarios incluidos.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero confirmaron el embargo preventivo por exactos 17.323,926,46 pesos dispuesto contra la filial argentina de la empresa sueca Skanska en la causa por el supuesto pago de sobornos a funcionarios para la adjudicación de las obras.
El Tribunal de Apelaciones rechazó así un cuestionamiento de la empresa contra esta medida y entendió que la traba de un embargo sobre los bienes de Skanska S.A. “no se revela como la imposición anticipada ‘de una pena’. según la denominación que utilizan los apelantes, sino que, en forma cautelar, tiende a asegurar la eventual aplicación del decomiso en caso de recaer sentencia de condena sobre los autores o partícipes que habrían actuado en su provecho como órganos, administradores o miembros”.
Si bien la Cámara confirmó el embargo, se llamó a Oyarbide a definir de manera “urgente” las situaciones de imputados en la causa, algunos ya indagados y otros no, y a concluir una demorada pericia contable encargada para dilucidar si hubo sobreprecios en la adjudicación de las obras y de cuánto fue.
Al embargo, que quedó firme, la empresa respondió con un seguro de caución que fue aceptado por la Justicia.
Tanto Oyarbide como ahora la Cámara argumentaron que la empresa en sí se vio beneficiada con la adjudicación de los contratos, más allá de que después haya deslindado responsabilidades en empleados infieles o corruptos, que ya fueron desvinculados de la compañía.
Y además, remarcaron los camaristas, “se encuentra en plena etapa de investigación la hipótesis de que los altos precios pagados por la firma a sus ex empleados, imputados en la causa, en razón de sus respectivas desvinculaciones, podrían haber representado un medio para ‘comprar’ sus silencios”, esto es, en relación con la actuación de los indagados en representación de Skanska S.A. y del posible beneficio que ésta habría recibido en virtud del pago de los sobreprecios, en connivencia con los funcionarios públicos intervinientes”.
El tribunal se basó en convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y en la ley de Etica Pública para explicar por qué debe garantizarse una eventual devolución al Estado del dinero malhabido en caso de llegarse a una condena.
También hizo suyo el argumento de Oyarbide en torno a un “presunto beneficio que la empresa habría recibido en razón de las irregularidades en la contratación, adjudicación y ejecución de las obras que le fueron encomendadas en el marco del “Fideicomiso Gas”, para la ampliación del gasoducto norte, por parte de la licenciataria TGN (concursos privados N° CMPF00001 y GSDF0001)”.
“Las sumas de dinero producto de los sobreprecios habrían ingresado, en forma ilegítima, al patrimonio de los funcionarios públicos que intervinieron en las operaciones y/o al de las empresas adjudicatarias de las obras (o, en su caso, al de las subcontratistas o vinculadas); en perjuicio del fideicomiso financiero constituido para el financiamiento de las obras, del Estado Nacional, de los inversores que constituyeron el fideicomiso (privados, públicos y préstamos del exterior) y/o de los usuarios del servicio regulado de transporte y distribución de gas –por la imposición de mayores cargos tarifarios-“, había argumentado Oyarbide al trabar el embargo.
En la causa también se investiga la posible sustracción de fondos del fideicomiso para pagar por parte de Skanska a 23 empresas por operaciones simuladas, cuando en realidad “el producto de esta sustracción habría sido destinado al pago de comisiones indebidas a los funcionarios publicos”.
Este expediente se inició en noviembre de 2005 como desprendimiento de otra pesquisa sobre uso de facturas falsas para evadir impuestos y desde siempre rozó al ministerio de Planificación que comanda Julio De Vido, sin que hasta ahora Oyarbide haya hecho imputación alguna concreta en su contra.
Sí llamó a indagatoria al ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y al ex director de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa,, pero la causa está en una “impasse” desde hace largos meses a la espera, precisamente, de la famosa pericia contable que ahora reclama la Cámara, según dicen en el juzgado.
Una de las últimas medidas conocidas en la causa fue la orden de Oyarbide de cruzar en el sistema Excalibur los teléfonos celulares usados desde 2004 a 2006 por el ministro de Planificación Julio de Vido, y toda la plana mayor del organismo en busca de comunicaciones con implicados en el caso.