Por su parte, el fiscal Diego Luciani pidió que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que había sido descartada por el Tribunal Oral Federal 2.
La primera denuncia en su contra había sido realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Hay tres causas abiertas por el ataque al ministro de Seguridad bonaerense en una manifestación por el crimen de un chofer de la línea 620 en La Matanza.
El máximo tribunal debe decidir si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.
El exsecretario de Transporte tendrá prohibido salir del país, deberá usar una tobillera electrónica y no podrá desplazarse a más de 70 kilómetros del lugar donde vivirá en Córdoba capital.