Y como si fueran pocos, parió la abuela

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En el conflicto de poderes estallado pocos días antes de las fiestas navideñas es menester distinguir, con el mayor cuidado, los ánimos levantiscos de un conjunto de gobernadores —14 en total— que nada tenían que perder en la maniobra enderezada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la decisión que con seguridad iba a tomar el Poder Ejecutivo. Aquéllos y éste, aunque pertenezcan al mismo espacio político y piensen igual respecto del tema, no siguieron un camino idéntico. La razón es sencilla: mientras los mandatarios provinciales pudieron blasonar de maximalistas y recomendarle al pobre Alberto Fernández que se animase a dar —sin red alguna— un verdadero salto al vacío, el presidente de la República era consciente de que, en la situación económica en la cual se encuentra el país, moverles guerra a los ministros de ese tribunal mayor resultaría suicida. Con Capitanich a la cabeza y fogoneados bajo cuerda por la viuda de Kirchner, cualquiera podía sacar pecho y demandar lo imposible. Sabían —de antemano— que sus declaraciones no serían materia judiciable. Generar una tamaña colisión, en la que el gobierno —si ignorase el fallo de la Corte— a la larga saldría deshecho, sólo podía ocurrírsele a un pelotón de irresponsables que —luego del estallido— mirarían para otro lado y se harían los desentendidos. La Casa Rosada no se hallaba en condiciones de obrar una pirueta semejante y jugar con fuego, aun cuando le gustase hacerlo.

Por eso el jefe del Estado, si bien no paró en seco semejante desatino, tampoco se alineó con los rabiosos del interior que lo instaron a pegar el portazo. Les siguió el tren, no los desautorizó —para no irritar a la mano que los mueve desde el Senado— pero a la par, desde que se conoció la acordada que beneficia a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensó en desenvolver una estrategia que le permitiese ganar tiempo. Lo primero que imaginó fue un pedido de revocatoria “in extremis”, de la cautelar dictada por la Corte, que el gobierno presentaría hoy ante el tribunal correspondiente. ¿Basado en qué argumento? —Que, como existe una ley de Presupuesto debidamente aprobada por el Congreso —-a estar a las razones expuestas por Vilma Ibarra y Carlos Zanini— no cabría a esta altura del año modificar la distribución de recursos ya asignados. En la medida en que la acordada de la Corte va en detrimento de determinadas partidas, previamente establecidas, el fallo para el oficialismo sería “de cumplimiento imposible”. No obstante, a último momento esta vía jurídica fue descartada. En paralelo hubo quienes consideraron la posibilidad de votar nuevos impuestos y que fuesen los bancos y la industria del juego quienes, en definitiva, pagasen los platos rotos. Al parecer, el ministro Sergio Massa se opuso de manera terminante a vertebrar una alternativa que requería el respaldo mayoritario de las dos cámaras del Congreso. Por fin el Poder Ejecutivo escogió honrar la deuda con arreglo a un bono que el lord mayor de la capital federal ya rechazó.

Alberto Fernández está en un atolladero. Le fue imposible ceder a la presión de los gobernadores en virtud de que, si de resultas de un cortocircuito entre los dos poderes del Estado la economía volase por los aires, hubiese peligrado la legitimidad de su gobierno y corrido riesgo su permanencia en el cargo. Claro que también le resulta imposible desatender un clamor que cruza en diagonal a las tribus oficialistas. A esta altura cualquiera sabe que la propuesta de los barones provinciales es la de la gran mayoría del colectivo kirchnerista, empezando por la jefa del Frente de Todos. Del brete en el que se encuentra metido el presidente no tiene posibilidades de salir indemne. Si cumple con la ley, sus seguidores lo considerarán un tibio. Si —inversamente— pasa por encima de la Corte Suprema, habrá pisado arenas movedizas de las que le será difícil zafar.

¿Están en juego las instituciones republicanas? —Sin duda, aunque conviene no exagerar. Entre nosotros el desprecio por las normas viene desde lejos, de modo tal que una mancha más al tigre no cambiaría demasiado las cosas. En Suiza, Japón o los Estados Unidos el que describimos sería un escenario literalmente impensable. Aquí el peso de lo fáctico suele hacer trizas el tinglado jurídico, sin que se acabe el mundo. Entonces —dirán algunos— ¿por qué no se suma Alberto Fernández a los exaltados y patea el tablero? —Por dos motivos igual de importantes: uno de índole económica y el otro de orden internacional. Avanzar en contra de una decisión de la Corte es indistinto a poner en tela de juicio la seguridad jurídica. No se necesita ser un ex– perto para caer en la cuenta de que el rumbo propuesto por los gobernadores resultaría —si acaso se pusiese en práctica—, un torpedo en la línea de flotación del programa económico —es una manera de llamarlo— desarrollado por el titular de la cartera de Hacienda. La confrontación significaría el acta de defunción de cualquier intento de Massa por ganar un mínimo de credibilidad en los mercados. Además de ello, están Washington y el Fondo Monetario Internacional. Es claro que la administración demócrata ha sido en extremo contemplativa con los devaneos populistas del gobierno argentino, y que el mencionado organismo de crédito ha resultado complaciente y ha hecho la vista gorda frente a la contabilidad creativa criolla. Pero todo tiene un límite y Alberto Fernández lo sabe. Por eso nunca estuvo en sus planes incumplir la obligación.

El problema que el presidente tiene ahora entre manos reside en el hecho de que el bono en cuestión —que en teoría solucionaba el litigio— está lejos de conformar a Larreta y es dudoso que se compadezca bien con lo resuelto por el máximo tribunal de justicia. La comparación con Santa Fe, que el oficialismo levantó como antecedente, en realidad hace agua por donde se la mire. Por de pronto entre la provincia litoraleña y el gobierno central hubo un acuerdo que fue después convalidado por la Corte. En segunda instancia, no es lo mismo pagar una única suma retroactiva —que hace referencia al stock— que una deuda que se realimenta todos los días, que hace referencia al flujo. Un abismo —que las autoridades porteñas han calibrado en su justa medida— separa a uno y a otro caso y preanuncia la continuación del diferendo. En el mes de febrero, cuando vuelva a reunirse la Corte Suprema, se abrirá otro capítulo del pleito, que amenaza ser largo. El que no espera para escalar es el dólar. Nada que no hayamos visto y padecido antes.

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