El momento más caliente de la Asamblea Legislativa para la 141° apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación ocurrió en el tenso cruce entre el presidente Alberto Fernández y el diputado nacional Fernando Iglesias (CABA – Juntos por el Cambio) cuando el jefe de Estado cuestionaba el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad en la disputado por los fondos de coparticipación federal.
“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, comenzó Alberto Fernández el segmento de su discurso sobre el tema.
“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, añadió, mientras Iglesias giraba su banca (estaba escuchando el discurso de espaldas, en señal de repudio) para gritarle.
“Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”, dijo el primer mandatario, mientras el legislador macrista vociferaba desde su banca. “Es un honor que me insulte, Iglesias”, respondió el Presidente.
“Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República”, añadió Alberto F.
“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce “cuestiones políticas no judiciables” y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”, cerró sobre la cuestión.