Al menos 70 heridos y 31 detenidos es el saldo inicial de los gravísimos incidentes y una fuerte represión policial que se registraron desde el mediodía y hasta la tarde de este martes mientras se juraba de manera adelantada a lo informado oficialmente la Constitución jujeña que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, en un contexto de protestas y movilizaciones por parte de las comunidades originarias y sindicatos -encabezados por gremios docentes- que mantenían un corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte provincial.
En principio, la jura estaba prevista para esta tarde a las 18.30 en las instalaciones del Teatro Mitre de la Cuidad de San Salvador de Jujuy, pero se adelantó a esta mañana, en medio de un clima de protestas en rutas y calles de todo el territorio provincial.
En las afueras de la Legislatura local estallaron los incidentes al conocerse el adelantamiento de la jura. Manifestantes lograron saltar el cerco policial, rompieron ventanas y puertas de varias oficinas y prendieron fuego algunas de las instalaciones y documentos.
Decenas de heridos quedaban por la represión policial. Impactante fue la imagen de un manifestante, identificado por Nelson Mamani, que -según testigos- fue golpeado por una de las latas de gas lacrimógeno y se le abrió la cabeza, lo que generó una profunda herida y la consiguiente pérdida de sangre. Fue sometido a una operación y su estado era reservado.
El gobernador de Jujuy aseguró que “los violentos” no le van a “torcer el brazo”, e hizo “responsables” al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la represión a los manifestantes.
“Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”, escribió Morales en Twitter.
El mandatario radical había ratificado anoche el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”.
A la vez, anunció que planteará la “reconsideración” de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán “a la vieja redacción”, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas.
“No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas”, señaló Morales. El precandidato presidencial radical defendió la reforma en una conferencia de prensa en donde explicó los incisos que componen el artículo 67, entre los cuales, reiteró, “está la prohibición de los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos”, y aseguró que ese punto de la reforma “no se modifica”.
El mencionado artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, señala en su tercer inciso que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros”, para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar “la libre circulación de las personas”.
La secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que “no se encuentra garantizado el derecho a la protesta” en Jujuy y que “hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose”, por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.
En ese marco, hay un pedido de dirigentes de Unión por la Patria y del peronismo para que se disponga la intervención del PJ de Jujuy, que preside el empresario Rubén Rivarola, quien votó a favor de la reforma constitucional.
En ese contexto, y ante la represión, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos.
Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron “la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño” y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Morales, que durante el fin de semana detuvo a decenas de personas (entre manifestantes, periodistas que cubrían los hechos y turistas que paseaban por la zona).