El “general González” y la Armada Brancaleone

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La inquietante discusión sobre el fin y los medios ha vuelto a adueñarse de la escena. Esta vez con motivo del juicio político a la Corte Suprema que el kirchnerismo —falto de una estrategia para ganar las elecciones por venir— ha motorizado, a como dé lugar, pensando en ensuciar la cancha e intimidar a Horacio Rosatti y a sus pares. ¿Es pertinente utilizar un chat, comprometedor para los acusados, obtenido por medios claramente ilegales? En las tiendas opositoras han saltado sus principales referentes como leche hervida ante lo que consideran un barbarazo jurídico. Por su parte, desde las usinas oficialistas la respuesta no se hizo esperar. Dicen que, en la causa abierta a raíz del famoso memorándum con Irán, cuando los que hoy protestan estaban en la Casa Rosada, eso fue precisamente lo que se hizo.

La polémica acerca de los fines y los medios es vieja como el mundo y no será resuelta en estas playas. Los bandos enfrentados cruzarán argumentos de todo calibre sin que puedan ponerse de acuerdo al respecto. Más allá de la legitimidad del procedimiento, en términos específicamente políticos lo que importa es que los K tienen el dominio de la comisión de enjuiciamiento y, al mismo tiempo, ni por asomo están en condiciones de alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para sacarse de encima a los ministros del tribunal supremo de la República.

Lo que intentan montar, de común acuerdo, el albertismo y las facciones que responden a Cristina Fernández, es un juicio ad hoc, sin ningún fundamento jurídico pero de una gran repercusión mediática. Cualquiera que sepa sumar y restar sabe que —llegado al recinto y puesto a votación— el dictamen de comisión naufragará sin remedio. El gobierno conoce bien los puntos que calza en la cámara baja y no se llama a engaño en la materia. Precisamente por ese motivo es que apunta a sacar partido en la instancia que sí domina y transformar la comisión de Juicio Político en una suerte de tribunal legislativo. Llevan razón los jefes de las diferentes bancadas que conforman Juntos por el Cambio en preocuparse. Su decisión de hacer acto de presencia y dar pelea en lo que podría denominarse el primer round, está bien orientada. Es seguro que no podrán evitar un dictamen final hecho a gusto de la alianza kirchnerista. Así y todo, la posibilidad de impedir que el oficialismo se desmadre estará al alcance de su mano.

No dejan de ser curiosos y de reflejar hasta qué punto el frente populista es una bola sin manija —donde cada cual hace lo que le viene en gana, sin prestar atención a las consecuencias futuras de sus actos— el silencio de Sergio Massa en punto a la embestida hecha a expensas de la Corte, y la locuacidad del futuro jefe de asesores del presidente de la Nación, Antonio Aracre —ex–CEO de la empresa Syngenta— al adelantar la idea de una reforma laboral para reducir la informalidad y conformar un agenda común con la oposición.

Analizados los dos casos por separado —como corresponde— salta a la vista que el empresario elegido por Alberto Fernández, o bien es un atolondrado o bien desconoce hasta un grado peligroso, lo que significa el timing. Traer a comento un tema de esa naturaleza en un gobierno peronista que hace agua por los cuatro costados significa comprarse, antes de empezar, un pleito de magnitud con los gremios. No fue sorpresa que, al unísono, reaccionaran airados Pablo Moyano, Héctor Daer (CGT) y Ricardo Peidro (de la CTA). ¿Nadie le advirtió que no podía decir lo que dijo? ¿No se dio cuenta de que, en las circunstancias actuales —con pocos aliados de fuste y una gestión ruinosa— al presidente, lejos de ayudarlo, le estaba abriendo un flanco innecesario en su retaguardia? La falta de lucidez del que será asesor, y de conducción del que será asesorado, son notables.

Lo del titular de la cartera económica resulta menos grosero, aunque más serio. Es seguro que conoce cuáles son sus fortalezas y cuáles sus limitaciones. En estos menesteres no es un recién llegado como Antonio Aracre. En virtud de ello, de la misma manera que no pide permiso
para elogiar a Techint, extenderle un dólar diferencial al campo y allanarse a las exigencias del
FMI, carece de poder para alzar la voz y tratar de ponerle paños fríos al pedido de juicio a la Corte.
Lo cual no le quita responsabilidad en lo que vaya a suceder y no lo salva de la contradicción en
la que se haya metido.

Véase, por un lado, que en aquella comisión de diputados son tres los que representan a Massa y van a secundar los planes maximalistas del kirchnerismo, sin hacer objeciones de ningún tipo. Nótese, por otro lado, que la tensión que genera un atentado de tal calado contra una de las instituciones liminares de la República, clausura cualquier posibilidad de acuerdo con el arco opositor para aprobar, en las sesiones extraordinarias, cuatro proyectos de ley que el ministro de Hacienda juzga imprescindibles: fomento de la agroindustria, la exportación de gas licuado, un monotributo para el sector tecnológico y el blanqueo de capitales.

Pero el asunto de mayor importancia que tiene entre manos Massa —distinto de los cuatro proyectos antes citados— se relaciona con la Corte, la ciudad capital y el Congreso. Con la
particularidad de que no puede patearlo para adelante ni esperar demasiado a los efectos de encontrarle una solución. Alberto Fernández y su ministro estrella son conscientes de que el tiempo les juega en contra en el caso del fallo que obliga al Poder Ejecutivo a devolverle a la administración de la CABA el porcentaje de coparticipación que, en su momento, le fue quitado con el propósito de beneficiar a la provincia de Buenos Aires.

El borrador que se halla en estudio en el Palacio de Hacienda apunta a recaudar los fondos para pagarle a Horacio Rodríguez Larreta a través de una ley que grave el consumo con tarjetas de crédito, las operaciones de los bancos con Leliq y el juego on line. El apuro reside en el hecho de que si no honrasen la deuda como se debe, en marzo la Corte procederá a embargar determinadas cuentas oficiales. Ahora bien, a los efectos de lograr cuanto desea Massa se requiere tener quórum y una cantidad de votos en la Cámara de Diputados, de los que el gobierno carece. Juntos por el Cambio ha dejado en claro que, mientras persista el ataque a la Corte, no prestará quorum.

¿En qué cabeza cabe pelearse con la Corte Suprema en estos momentos? Es una pregunta fácil de plantear y difícil de responder. Se entendería si el kirchnerismo estuviese seguro de que seguir ese camino no va a repercutir negativamente en los mercados o que podría salirse con la suya y tumbar a Rosatti y a los demás cortesanos. Lo segundo es imposible y lo primero parece poco probable. Es impensable suponer que un ataque a la Corte, que se anuncia destemplado, no vaya a tener efectos negativos sobre la marcha de la economía. Y si el esfuerzo hecho por Massa resultase torpedeado por su propio gobierno, ¿de que habrá servido? La ofensiva terminaría con una derrota, la economía sufriría un cortocircuito y el revés electoral seria mayor del que el propio oficialismo da hoy por sentado.

En esa bolsa de gatos en la que se ha convertido el peronismo, no todos sus integrantes pecan de irresponsables. Cargar lanza en ristre contra la Corte Suprema les ha parecido un despropósito a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Juan, entre otros que, o bien nunca respaldaron la iniciativa o bien tomaron distancias de la misma cuando percibieron a dónde podía conducirlos. Tampoco la Confederación General del Trabajo quiso comprarse un pleito ajeno, y así lo hizo saber sin que a sus capitostes les importara demasiado la opinión del presidente de la Nación y de la conductora del frente que, al menos en teoría, los sigue agrupando.

La estrategia oficialista parece haber sido planeada por el general González —aquel militar de opereta, inmortalizado por Alberto Olmedo, que se asomaba a una mesa de arena sin tener la menor idea de lo que se discutía— secundado por la Armada Brancaleone.

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