Cristina Kirchner, otra vez contra “la mafia mediática-judicial” tras un fallo adverso

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La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció este viernes que “la mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico” conducen “las instituciones hacia un callejón sin salida”, al cuestionar el criterio que emplea la Justicia para determinar la validez de una escucha al momento de configurar un delito, luego de que el juez federal Sebastián Ramos archivara una denuncia penal en la que Silvio Robles, el colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, había sido acusado de sugerir al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

“La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, escribió la expresidenta en su cuenta de la red social Twitter.

La exmandataria recordó que “en el año 2016, en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ´una escucha ilegal´, metieron preso a (Carlos) Zannini (actual procurador del Tesoro) y le prohibieron a (al excanciller Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EEUU”.

“Después de la legalización de la escucha, (Mauricio) Macri -que era Presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”, observó la Vicepresidenta.

Y agregó: “Ahora en 2023, el juez (federal Sebastián) Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles (vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti), que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, Ministro de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ´una escucha ilegal´”.

“Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf´, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”, reseñó la titular del Senado.

CFK afirmó que “Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”, apuntó.

A modo de conclusión, la vicepresidenta señaló que “hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?”.

Causa Robles-D’Alessandro

El juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia penal en la que Silvio Robles, el colaborador del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, había sido acusado de sugerir al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

El magistrado tomó esa determinación en coincidencia con el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien consideró que no se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, informaron fuentes judiciales.

La acción la había iniciado el abogado Gastón Matías Marano, quien dijo haber tomado conocimiento de los chats intercambiados entre Robles y D’Alessandro en base a la aplicación Telegram “a través de distintos medios de comunicación”, y en cuanto a su contenido “refirió que incluirían consejos, por parte de Robles, respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial” relacionado con el Consejo de la Magistratura.

Stornelli interviene también en una denuncia presentada por D’Alessandro por “la posible existencia de maniobras de inteligencia ilegal” como “parte de un plan criminal sistemático que califica como dirigido a dañar, ante la opinión pública, su imagen y reputación, tanto como la de otros funcionarios y magistrados”.

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