La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.
En un fallo al que tuvo acceso la agencia estatal Télam, el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.
Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
Al resolver los recursos presentados por la alianza Cambiemos, la Cámara concluyó que “los apelantes no aportan argumentos válidos que permitan enervar las razones en las que el a quo fundó su resolución, luego de llevar adelante las medidas conducentes a fin de investigar las irregularidades detectadas (…) quedando subsistentes los defectos destacados, los que impiden de esta manera conocer el origen y destino de los fondos de campaña”.
En esa causa, la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.