(Sputnik News).- El Congreso de Chile aprobó la reforma que permite iniciar un nuevo proceso constituyente, el cual se realizará a través de un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas y una Comisión Experta de 24 miembros.

“Por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República”, informó el Congreso en un comunicado.

Tras la aprobación, la reforma constitucional será turnada al presidente Gabriel Boric para su promulgación, trámite que dará inicio en los plazos establecidos para la organización de las elecciones.

El 6 de marzo, la Cámara de Diputados y el Senado designarán a los 24 miembros de la Comisión Experta, que será la encargada de proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución. Dicha Comisión tendrá tres meses para elaborar el borrador.

Para ser electo integrante de esta Comisión, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de, al menos, ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado.

El 7 de mayo se realizará la elección de las y los integrantes del Consejo Constitucional, que estará integrado por 55 personas y su deber será discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. El Consejo trabajará sobre la propuesta de la Comisión de Expertos.

De acuerdo con el Congreso chileno, este órgano estará integrado con paridad. Para ello, la lista de un partido político o pactos electorales deberán señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en cada circunscripción senatorial, comenzando por una mujer y alternándose sucesivamente con hombres.

El 17 de diciembre se realizará el plebiscito, cuyo voto será obligatorio, para aceptar o rechazar el texto.

La reforma también establece la creación de un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas, que estará encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154. Su integración será paritaria.

La probación de la reforma para dar continuidad al proceso constituyente chileno sucede pocos días después de que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que los términos del denominado Acuerdo por Chile vulneran los derechos humanos, específicamente el derecho a la libre determinación del pueblo chileno.

“Desde la perspectiva de los derechos humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno, el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional; y que otro organismo designado, —el Comité de Admisibilidad— habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases constitucionales”, señala la denunció.

Sobre el Consejo Constitucional, la magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Javiera Arce-Riffo, señaló que “el sistema electoral del Senado posee fuertes efectos mayoritarios; vale decir, se requieren muchísimos votos y desembolsar grandes sumas de dinero [debido a la magnitud de dichas circunscripciones] para alcanzar un escaño”.

“Es una situación que pone en ventaja a los grandes partidos y conglomerados del sistema, restringiendo la representatividad. Es importante considerar, además, que las opciones independientes deberán pactar con partidos políticos para tener alguna esperanza de salir electos en abril de 2023, ya que en este escenario les resultará muy difícil competir por fuera”, apuntó Javiera Arce-Riffo.

El Acuerdo por Chile fue suscrito el 12 de diciembre, después de 100 días de negociación política en los que los líderes de los partidos políticos del oficialismo y la oposición chilena alcanzaron un pacto para comenzar un nuevo proceso constituyente, con un órgano compuesto por miembros electos y un comité integrado por expertos designados.

Además, estableció que hay 12 bases institucionales que deben estar incluidas obligatoriamente en la propuesta final del Consejo, como que Chile es un Estado unitario, se reconocen los pueblos indígenas, se condena el terrorismo, y se reconoce que los poderes del Estado son tres, entre otros.

El pasado proceso constituyente se frustró con el plebiscito de septiembre, donde la opción Rechazo se impuso con un 61% de los votos, frente a un 38% del “Apruebo”.