El ex superintendente de Servicios de Salud, y recaudador de la campaña 2007, deberá explicar a la asignación supuestamente irregular de $ 48 millones.

El juez federal Norberto Oyarbide citó a declaración indagatoria al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli en una causa que investiga irregularidades en la asignación de 48 millones de pesos para realizar campañas de prevención a 42 obras sociales sindicales.

La causa fue iniciada por irregularidades detectadas por la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña.

La citación fue fijada para el 22 de diciembre próximo por el magistrado que ya indagó a Capaccioli en otra causa, la de irregularidades en medicamentos y en particular en los reintegros que el Estado hizo de tratamientos de alta complejidad a través de la Administración de Programas Especiales para los cuales se habrían presentado troqueles falsos.

Esta es otra causa relativa al manejo de fondos de obras sociales otorgados el 27 de diciembre de 2007 por la resolución 806, suscripta por el entonces funcionario Capaccioli, quien distribuyó los 48 millones para una “Campaña de Prevención de Enfermedades” de la cual sólo dos obras sociales, camioneros y empleados de comercio, entregaron informes donde de manera muy general rindieron cuentas.

Al detectar lo ocurrido Ocaña frenó una partida de cien millones que faltaba, en uno de sus grandes roces con la CGT y su líder Hugo Moyano.

Cuando Capaccioli renunció, su sucesor Juan Rinaldi -aliado a Ocaña- directamente anuló la partida y disolvió una comisión de obras sociales sindicales que se encargaba de asesorar en el reparto.

Poco antes Moyano había reclamado al Gobierno la entrega de los cien millones.

Rinaldi advirtió que la Superintendencia había asumido en época de Capaccioli una función que no le correspondía, ya que no tenía nada que ver con su rol el reparto de fondos oficiales para campañas, sino que su creación tenía por objeto controlar las prestaciones de servicios de salud.

“Esta superintendencia, como ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el sistema nacional del seguro de salud, no es el organismo encargado de subsidiar los planes y programas de prevención”, dictaminó Rinaldi y dio intervencion al área jurídica del organismo.

Según confirmaron fuentes judiciales, también fue citado a indagatoria el abogado Horacio Ballesteros, quien fue gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia cuando se avaló la entrega de esos fondos.

En rigor de verdad, el dinero fue a parar al área de Capaccioli en el último año de la presidencia del fallecido Néstor Kirchner, a raíz de una reasignacion presupuestaria y de la firma de una resolución interna que autorizaba a la Superintendencia a distribuirlo.