El caso de Sakineh Mohammadi-Ashtiani movilizó a la comunidad internacional cuando se conoció que había sido condenada a morir lapidada.
La mujer, de 43 años y madre de dos hijos adolescentes, está presa desde 2005. Un año después fue condenada a diez años de cárcel, acusada de haber participado en el asesinato de su marido, Ebrahim Aqderzadeh, y a morir lapidada por cometer “varios adulterios”.
Antes de la sentencia, Ashtiani había sido condenada a 99 latigazos por mantenr una “relación ilícita” con el presunto asesino de su marido. Sin embargo, otro tribunal reabrió el caso y sostuvo que esa relación se había producido cuando su marido todavía estaba vivo, por lo que constituía “adulterio”, a pesar de carecer de testigos.
En el juicio, la mujer se retractó de la confesión que había hecho durante el interrogatorio porque dijo que había sido coaccionada. Desde entonces negó la acusación y pidió clemencia. Según su abogado defensor, la mujer tiene dificultades para entender el persa, ya que pertenece a la minoría azerí que habla un dialecto turco.
En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente y consideraron que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes para condenarla por adulterio.
Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable basándose en el “conocimiento del juez”, un cuestionable principio de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar una decisión sobre la culpabilidad del acusado, aun en ausencia de pruebas claras o concluyentes.
El Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte por adulterio el 27 de mayo de 2007, lo que despertó una ola de críticas y protestas internacionales contra Irán y obligó al régimen de Ahmadineyad a suspender la sentencia y afirmar que se encontraba bajo revisión de las autoridades judiciales.
El 27 de septiembre pasado, el fiscal general de Irán, ayatollah Gholamhossein Mohseni Ejei, anunció que Sakineh fue acusada y condenada por asesinato y que morirá en la horca y no lapidada, ya que ese delito tiene preeminencia sobre el de adulterio.
“La cuestión no debe ser politizada. El Poder Judicial no se puede dejar influir por la campaña de propaganda emprendida en Occidente”, sostuvo el clérigo al hacer el anuncio.