El presidente chileno formuló su primera declaración después de que la Conare agentina decidiera darle asilo político a Apablaza Guerra, que vive en el país desde 1993 y en 2004 pidió ese estatus.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, consideró hoy que la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) argentina de dar refugio al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza es un “retroceso para la Justicia y los derechos humanos”.
“Galvarino Apablaza debió haber sido juzgado en Chile porque el crimen lo cometió en Chile. Creo que, al fin y al cabo, la decisión que ha tomado la Conare en Argentina significa un retroceso para la causa de la Justicia y de los derechos humanos en mi país”, afirmó Piñera en Buenos Aires, donde asistió a la reunión de urgencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por la sublevación policial en Ecuador.
El gobierno chileno había solicitado a la Argentina la extradición de Apablaza, acusado de participar del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro del empresario Christian Edwards del Río, uno de los accionistas del diario “El Mercurio”.
La Suprema Corte de Justicia argentina aprobó la extradición la semana pasada, pero la Conare es el ente interministerial que debe recomendar o no el otorgamiento de ese estatus, en casa caso, lo que hizo seis años más tarde de que el abogado de Apablaza lo solicitara.
El estatus de refugiado político frena la extradición del ex líder del guerrillero y disuelto Frente Patriótico “Manuel Rodríguez” (FPMR).
Más allá de la declaración de Piñera, reproducida por agencias internacionales, su gobierno estudia considerar como “un agravio” la concesión del status de refugiado político, luego de conseguir que el Senado trasandino en forma unánime reclamara su extradición.
Ayer, el presidente del Senado chileno, Jorge Pizarro Soto, advirtió al vicepresidente Julio Cobos que la extradición del ex guerrillero es visto por Santiago como un “asunto de Estado”. Pizarro representa al Partido Demócrata Cristiano y no de la coalición de Renovación Nacional del presidente Piñera y de la UDI. “Una negativa de la presidenta va a atentar negativamente en las relaciones bilaterales”, pronosticó Pizarro.
Además, el Partido Socialista y otros sectores de la opositora Concertación también apoyaron la extradición, a excepción del Partido Comunista y de los organismos de derechos humanos.
Para completar la casi unanimidad existente en Chile, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Milton Juica, dijo ayer en Santiago que sería “lamentable que por razones solamente políticas se negara una extradición para que una persona se presente en Chile y explique, justifique o demuestre si ha tenido participación en un hecho punible”.